Este lunes, 16 de diciembre, es el último día para que trabajadores, empresarios y el Gobierno logren un consenso sobre el incremento del salario mínimo para 2025.
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De no alcanzarse un acuerdo, el presidente Gustavo Petro deberá establecerlo por decreto, como lo estipula la ley.
El debate no ha estado exento de tensiones. Mientras las centrales sindicales proponen un aumento del 12%, las agremiaciones empresariales, salvo Acopi, que planteó un 5,2%, no han presentado una cifra concreta.
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Luis Fernando Jaramillo, secretario general de la CUT Valle, explicó que la propuesta de los trabajadores busca proteger el poder adquisitivo de los colombianos ante el aumento del costo de vida y la inflación.
"Hasta hoy no ha habido consenso entre el Gobierno, empresarios y trabajadores. Nosotros desde la CUT hemos llevado propuestas enfocadas al incremento con un porcentaje del 12%".
Señaló Jaramillo.
Desde la CUT han lanzado una serie de propuestas encaminadas a proteger el poder adquisitivo del trabajador colombiano, un tema álgido dentro de las conversaciones.
"Los productos que son regulados y controlados por el Estado como son los servicios públicos, los peajes, y el combustible sean también reducidos, pero que también los costos financieros se disminuyan notoriamente"
indicó Jaramillo.
Expertos analizaron las propuestas e indicaron que esto podría presionar la inflación desde la demanda.
"Sabemos que el mayor ingreso disponible desde los hogares presiona la inflación desde la demanda, incrementando el mayor poder adquisitivo de los hogares, que en el caso del salario mínimo no iría al ahorro sino al consumo puro"
Indicó Isaac Fuenmayor, director programa de Administración de empresas dual UAO.
Por otro lado, expertos en mercado laboral advierten que los altos aumentos del salario mínimo pueden afectar la competitividad de las empresas, especialmente las pequeñas y medianas, fomentar la informalidad y la economía entrar en desaceleración.
El presidente Petro anunció que, de no llegar a un acuerdo en la discusión del salario mínimo 2025, tomará una decisión basada en la productividad y las necesidades de las familias colombianas.
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