La sentencia al menor de edad responsable del homicidio de Miguel Uribe Turbay reavivó el debate nacional sobre las penas aplicadas a adolescentes en Colombia. La discusión se centra en la vigencia del Código de Infancia y Adolescencia y la necesidad de reformarlo frente a delitos graves.
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Un proyecto de ley en curso
La representante a la Cámara por el Partido Liberal, Piedad Correal, lidera un proyecto que busca modificar el alcance de la Ley 1098 de 2006. Según explicó, su propuesta no plantea reducir la edad de responsabilidad penal que se mantiene entre los 14 y 18 años, sino aplicar las sanciones contempladas en el Código Penal (Ley 599) para delitos atroces como homicidios, secuestros, extorsiones dolosas y delitos sexuales.
“Las penas actuales resultan irrisorias. Lo que planteamos es que, en estos casos, las condenas estén entre los 17 y 37 años, como lo establece la Ley 599. Eso sí, garantizando siempre el debido proceso, beneficios de estudio, trabajo y redención de penas”, señaló Correal.
La congresista insistió en que el sistema judicial no ha fallado en el caso del menor implicado en el asesinato de Miguel Uribe, sino que la legislación vigente es insuficiente para responder al reproche ciudadano.
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Respaldo político y cifras preocupantes
Correal afirmó que su iniciativa ya ha recibido apoyo de sectores del Partido Liberal, Conservador, Cambio Radical, Centro Democrático y parte de la Alianza Verde.
“Esto no es populismo punitivo, es una realidad que se vive en el país. Los grupos criminales están instrumentalizando a los menores porque saben que las penas actuales son bajas y no generan antecedentes”, recalcó.
De acuerdo con estadísticas solicitadas por la representante a la Policía Nacional y al ICBF, la utilización de menores en actividades delictivas ha aumentado de manera significativa en los últimos años, lo que refuerza el argumento de revisar el marco legal vigente.
El debate sobre la reforma al Código de Infancia y Adolescencia continuará en el Congreso, en medio de un país que busca equilibrar la protección de los derechos de los menores con la exigencia social de justicia en casos de delitos graves.
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