La emergencia económica es un estado de excepción contemplado en la Constitución Política, que se activa cuando existen hechos graves e inminentes que afectan el orden económico y social del país. Bajo esta figura, el presidente puede expedir decretos con fuerza de ley para atender la crisis, sin pasar inicialmente por el Congreso.
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Este mecanismo tiene una duración de 30 días y puede prorrogarse, siempre bajo control posterior del Congreso y de la Corte Constitucional.
¿Por qué el Gobierno declaró la emergencia económica?
El Gobierno nacional argumentó que la crisis fiscal actual alcanzó un nivel crítico tras el hundimiento de la reforma tributaria o Ley de financiamiento en el Congreso. Según el Ministerio de Hacienda, esto dejó un hueco presupuestal superior a los 16 billones de pesos para el próximo año.
A esto se suman obligaciones financieras acumuladas, sentencias judiciales pendientes, mayores gastos en salud y seguridad, desastres naturales por la ola invernal y restricciones para acceder a nuevo endeudamiento.
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¿Qué facultades obtiene el Gobierno con esta medida?
Durante la emergencia económica, el Ejecutivo puede:
- Crear o modificar impuestos de manera temporal
- Redirigir recursos del presupuesto
- Adoptar controles sobre precios y salarios
- Garantizar la continuidad de programas sociales
- Atender gastos urgentes en seguridad, salud y atención de desastres
Estas decisiones deben estar directamente relacionadas con las causas que motivaron la declaratoria.
¿Qué nuevos impuestos se podrían aplicar?
Aunque los decretos específicos aún se esperan, el Gobierno ha anticipado medidas como:
- Incremento del Gravamen a los Movimientos Financieros (5x1000)
- IVA del 19 % a licores y juegos de azar en línea
- Impuesto al patrimonio
- Nuevos gravámenes a combustibles y carbón
Estas propuestas han generado debate, pues sectores económicos consideran que se trata de una reforma tributaria encubierta.
Varios expertos y exmagistrados han cuestionado la constitucionalidad de la emergencia, argumentando que la crisis fiscal no sería un hecho “imprevisible”, requisito clave para justificar este tipo de medidas. Sin embargo, otros sectores defienden la declaratoria como una salida para evitar recortes en programas sociales, obras públicas y compromisos del Estado.
La Corte Constitucional deberá revisar el decreto y definir si cumple los requisitos exigidos por la Carta Magna.
¿Cómo puede impactar a los ciudadanos?
Para la ciudadanía, la emergencia económica puede traducirse en más impuestos o mayores costos en transacciones financieras, cambios en precios de productos regulados, continuidad de programas sociales que podrían haberse suspendido y un debate político y jurídico que marcará el inicio del año económico
Mientras tanto, el país entra en un periodo de decisiones clave que definirán el rumbo fiscal de 2026.
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