La producción de gas y petróleo en Colombia enfrenta una grave crisis debido a los bloqueos en los departamentos de Arauca y Norte de Santander, que han paralizado más de cien plantas de producción, según reportó la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas (ACP).
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La planta de Gibraltar, ubicada en Toledo (Norte de Santander), es uno de los principales puntos afectados. Allí, manifestantes interrumpieron las operaciones, deteniendo el despacho de 38 millones de pies cúbicos diarios de gas, suministro esencial para varias regiones del país, incluido el valle medio del Magdalena.
Frank Pearl, presidente de la ACP, expresó su preocupación en una entrevista con Blu Radio.
“Es preocupante que los bloqueos se hayan convertido en un paisaje habitual en Colombia, poniendo en riesgo el acceso al gas para millones de ciudadanos”.
Afirmó Frank Pearl, presidente de la ACP.
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Pearl también advirtió que la situación podría derivar en desabastecimiento en algunas zonas si los bloqueos continúan.
El presidente de la ACP destacó que estas interrupciones no solo afectan el suministro energético, sino que también perjudican el desarrollo económico y el derecho al trabajo. Durante el año pasado, se registraron cerca de 1.500 bloqueos a nivel nacional, lo que evidencia un patrón recurrente de protestas que impactan sectores estratégicos como el de los hidrocarburos.
“Los mecanismos de manifestación deben ser pacíficos y no pueden violar derechos fundamentales como el derecho al trabajo”.
Enfatizó Pearl.
Además señaló que muchas de estas acciones son promovidas por liderazgos que buscan beneficios particulares.
El dirigente hizo un llamado al Gobierno y a los manifestantes para buscar soluciones mediante el diálogo, respetando los acuerdos existentes.
Aunque reconoció la legitimidad de algunos reclamos, subrayó que estos no justifican el riesgo al que se expone al país al interrumpir infraestructuras esenciales.
“Es imperativo que se respete tanto el derecho a protestar como el derecho al trabajo y al desarrollo económico”.
Concluyó Pearl.
Según los expertos la crisis actual pone de relieve la necesidad de respeto a las leyes para garantizar la estabilidad energética y económica del país.
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