El Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, y el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, rechazaron los hechos ocurridos el pasado lunes, donde murieron doce uniformados por una emboscada del ELN.
La situación se presentó en rural del municipio de Güicán, norte de Boyacá, cuando los uniformados se encontraban acompañando al personal de la Registraduría Nacional a recolectar el material electoral de un resguardo indígena.
Según el informe del Ministerio de Defensa en cabeza de Luis Carlos Villegas, se trató de una emboscada realizada por más de 300 hombres del ELN, y los fallecidos eran solados adscritos a la Primera Brigada del Ejército Nacional que se movilizaban en una patrulla del Batallón de Alta Montaña Santos Gutiérrez Prieto.
Otros nueve uniformados resultaron heridos y otras cinco personas se encuentran desaparecidas, entre los que están dos miliares identificados como Andrés Felipe Pérez y Clauder Antonio Rodríguez, dos funcionarios de la Registraduría y un guía de la comunidad indígena U’wa.
La Registraduría también reportó la desaparición de dos de sus funcionarios identificados como Wilmer Alexander Ussa Estepa, de 20 años de edad, y Leonel Mora Velandia, de 27 años, quienes se encontraban como Delegados de Puesto en la zona.
El Presidente de la República, Juan Manuel Santos, criticó los hechos e indicó que los atentados no son el camino hacia la paz. “Para ELN y todos los que no entren en el camino de la paz el mensaje es claro: los enfrentaremos con todo el poder de las Fuerzas Armadas (…) ayer (domingo) los colombianos votaron por la paz precisamente para que hechos trágicos como estos no se produzcan”, indicó.
Por último, en un comunicado emitido por el ELN, se indica que la emboscada fue realizada por la compañía Simacota al mando de alias William y habría sido ordenado por uno de los cabecillas del Frente de Guerra Oriental.
