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Presidente Petro anunció una consulta popular para decidir sobre la reforma laboral

Presidente Petro anunció una consulta popular para decidir sobre la reforma laboral

EFE/ Carlos Ortega

El presidente Gustavo Petro anunció este martes 11 de marzo que el Gobierno convocará una consulta popular para que la ciudadanía tenga la última palabra sobre las reformas laboral y de salud.

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Desde la Casa de Nariño, el mandatario explicó que la Constitución permite este mecanismo de participación ciudadana y que su administración impulsará el proceso para que sea el pueblo quien defina el futuro de ambas iniciativas. “Que sea el pueblo el que decida”, afirmó Petro, sin detallar plazos o procedimientos específicos.

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El anuncio se produce en medio de un enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo. Petro calificó como un “bloqueo institucional” la decisión de ocho senadores de la Comisión Séptima de radicar una ponencia de archivo para la reforma laboral, lo que podría impedir su avance en el Congreso.

“La reforma laboral que está a punto de ser hundida por la Comisión Séptima del Senado lo único que defiende es el trabajo digno y la estabilidad laboral”.

Sostuvo el Presidente.

La tensión escaló aún más cuando Petro insinuó en redes sociales una posible “ruptura” entre el Gobierno y el Congreso si las reformas no prosperan, aunque sin aclarar en qué consistiría dicha ruptura.

La consulta popular es un mecanismo de participación en el que la ciudadanía vota sobre temas de gran relevancia nacional, regional o local. En el caso de una consulta de carácter nacional, debe contar con la aprobación del Congreso y la firma de todos los ministros.

El tarjetón de la votación debe plantear una pregunta con opciones de “Sí” y “No”, y la jornada electoral debe realizarse en un plazo de cuatro meses tras la aprobación del Senado.

Para que la decisión sea vinculante, se requiere la participación de al menos una tercera parte del censo electoral y que la opción ganadora obtenga más de la mitad de los votos válidos.

Este anuncio genera nuevas incertidumbres sobre el futuro de las reformas impulsadas por el Gobierno y su relación con el Congreso en los próximos meses.

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