A través de un comunicado, la Procuraduría General de la Nación exigió a la Superintendencia Nacional de Salud intervenir inmediatamente a Coomeva EPS, con el fin de adelantar acciones que garanticen la prestación del servicio a cerca de 2 millones de usuarios que podrían estar en riesgo.
De acuerdo con el ente de control, la deuda de $2.2 billones de la EPS ha generado que algunas IPS no presten los servicios de salud a la población afiliada, lo que ha llevado a que se realicen pagos anticipados, con tarifas plenas superiores a las pactadas en los acuerdos contractuales, para poder cumplirle a los usuarios.
Asimismo, se estableció que en los primeros siete meses del 2019, las quejas por presuntas irregularidades en el servicio han aumentado, registrando 42.702 PQRD, lo que significa un promedio de 6.100 por mes; en comparación con el 2018 que registró una cifra de 60.824, es decir, un promedio al mes de 5.068 quejas.
Estas irregularidades, estarían relacionadas con barreras de acceso para la atención de enfermedades de alto costo; falta de oportunidad y continuidad en procesos de atención en salud; realización de exámenes de apoyo diagnóstico; citas médicas de control con especialista; y entrega de insumos y medicamentos.
Por otro lado, entre enero y junio de 2019, la cuantía de los procesos jurídicos contra la EPS asciende a $6.007.783.896. Además, ha sido notificada de 17.435 acciones de tutelas; y entre enero y mayo, de 287 desacatos.
Las acciones adelantadas por el Ministerio Público, permitieron establecer evidencias de que la EPS estaría incumpliendo con las condiciones financieras instauradas; que no cuenta con una red de servicios médicos asistenciales en uno o varios niveles de complejidad; presenta un alto número de tutelas y embargos; y tiene fallas en los programas preventivos.
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