(Sputnik).- Colombia fue entre 2016 y 2019 el país con más asesinatos de defensores de derechos humanos de América Latina, aseguró este miércoles el relator especial de las Naciones Unidas, Michel Forst.
"Desde 2016 hasta junio de 2019 Colombia fue el país con el mayor número de asesinatos de defensores en América Latina", dijo Forst al presentar su reporte oficial ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en su sede de Ginebra.
En 2016 la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) en Colombia registró el asesinato de 61 defensores; en 2017 la cifra ascendió a 96, en 2018 fueron 115 y en los primeros seis meses de 2019 se llegó a 52, lo que suma 324 asesinatos en un periodo de tres años y medio, según el informe presentado por Forst.
El reporte aclara, además, que esos crímenes documentados por la ACNUDH "no representan el universo total de casos" de defensores asesinados.
"Los riesgos a los que se enfrentan han aumentado en los tres años transcurridos desde la aprobación del acuerdo de paz", en noviembre de 2016, y "los más expuestos son los dirigentes sociales que defienden los derechos humanos en las zonas rurales, en particular los que aplican el acuerdo de paz y los que defienden los derechos sobre la tierra y el ambiente y los derechos de las comunidades étnicas y afrocolombianas", agregó.
El reporte entregado por Forst sostiene que "los perpetradores (de los asesinatos de líderes sociales) son la policía y el ejército, pero también los cárteles de la droga y el crimen organizado, así como los excombatientes de las (desmovilizadas) FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia)".
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Forst destacó que "persisten altos niveles de impunidad por los asesinatos y amenazas a los defensores, lo que perpetúa el ciclo de violencia contra ellos", y señaló que los defensores son objeto de "constante estigmatización y criminalización".
El relator especial también advirtió ante la comunidad internacional de "los crecientes ataques de las empresas internacionales que operan en Colombia" contra defensores de derechos humanos.
Forst reconoció que "en los últimos años el Estado, en colaboración con la sociedad civil, ha realizado importantes esfuerzos para tratar de mejorar su marco jurídico e institucional a fin de crear un entorno seguro y propicio para la defensa y promoción de los derechos humanos".
Por último hizo un llamado al Gobierno de Colombia a que "dé prioridad a la aplicación del acuerdo de paz" y a los mecanismos de protección para los líderes sociales que garanticen su labor.
El informe de Forst, que había sido adelantado el 31 de enero, sostiene que la mayoría de quienes ejercen la defensa de las libertades fundamentales en Colombia están en peligro. (Sputnik)
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