La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada emitió una nueva resolución que redefine las condiciones laborales de los perros utilizados en empresas de seguridad en Colombia.
Esta medida, que se enmarca dentro de la reciente Ley 2454 de 2025, conocida como Ley Lorenzo, tiene como objetivo principal garantizar el bienestar de los animales y prevenir situaciones de maltrato.
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A partir de ahora, los caninos que prestan servicios de vigilancia solo podrán trabajar jornadas de entre seis y ocho horas diarias, dependiendo de las funciones que desempeñen. En el caso de los perros entrenados para la detección de narcóticos o explosivos, la jornada no podrá superar las seis horas.
“Nos ayuda a hacer un seguimiento y a que las empresas nos volvamos más responsables en los temas del uso de los perros en la actividad de la vigilancia privada”.
Andrés Fernando Ceballos, jefe de operaciones y coordinador de la unidad canina de seguridad de occidente.
La resolución también establece que las empresas deberán ofrecer a los animales condiciones dignas de descanso, alimentación y cuidado veterinario, además de realizar un seguimiento diario a su estado físico y emocional. Estas medidas serán verificadas mediante auditorías y controles periódicos por parte de la Superintendencia.
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El origen de esta regulación se remonta a un caso ocurrido en noviembre de 2023, cuando un perro de seguridad llamado Limonar murió en circunstancias inicialmente atribuidas a un accidente, pero que posteriormente fueron esclarecidas como un caso de asfixia por maltrato. Este hecho generó gran indignación y motivó a las autoridades a fortalecer la protección de los animales empleados en labores de vigilancia.
Las nuevas reglas también obligan a las empresas de seguridad a renovar anualmente sus autorizaciones, presentar certificados de salud y entrenamiento de los caninos, contar con seguros de responsabilidad civil y establecer convenios con clínicas veterinarias para la atención de emergencias.
Cabe aclarar que esta normativa aplica exclusivamente para el sector de la seguridad privada, por lo que los perros pertenecientes a la Policía o las Fuerzas Militares continuarán regulados bajo sus propias disposiciones.
Finalmente, la Superintendencia anunció que, a mediano plazo, se buscará una transición progresiva hacia soluciones tecnológicas, reduciendo la dependencia del uso de animales en labores de seguridad.
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