Tras el escándalo por el elevado costo de los gastos de la primera dama, Verónica Alcocer, se conoció que la Procuraduría General de la Nación abrió un proceso judicial en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección primera. Este buscará anular el Decreto 0035 de enero de 2023 y terminar con la asignación de Alcocer como “Embajadora en Misión Especial”.
¿Cuáles son los argumentos?
Uno de los principales argumentos de la entidad es que la primera dama no es funcionaria pública. Por lo que sus viajes estarían violando el articulo artículo 126 de la Constitución.
“Los servidores públicos no podrán en ejercicio de sus funciones, nombrar, postular, ni contratar con personas con las cuales tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil, o con quien estén ligados por matrimonio o unión permanente”.
Esto indica que el presidente de la República, Gustavo Petro, estaría infringiendo lo estipulado por la constitución.
“Para esta Agencia del Ministerio Público, el señor Presidente de la República infringió dicha disposición, pues al ser un servidor público y actuar en ejercicio de sus funciones, expidió un Decreto en el que designa o nombra como Embajadora en Misión Especial a su esposa, Verónica del Socorro Alcocer García, persona con la cual está ligado por matrimonio o unión permanente”.
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Este artículo fue expedido en 1995 cuando el presidente Ernesto Samper, nombró a su esposa como Presidenta de la Junta Directiva del Instituto de Bienestar Familiar. El Consejo de Estado en su momento decidió declarar nulo el nombramiento, puesto que la primera dama no es considerada una servidora pública.
“La señora Verónica del Socorro Alcocer García no es servidora pública, ni se le asignó tal calidad, por lo tanto, no podría ser destinataria ni de comisiones, ni de viáticos regulados para los servidores públicos, a quienes se dirige la normatividad invocada en el Decreto cuestionado”.
Señaló la Procuraduría.
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