La Defensoría del Pueblo dio a conocer recientemente que la cifra de niñas, niños y adolescentes reclutados por grupos armados irregulares durante el 2024 incrementó. De acuerdo con el organismo, se registraron un total de 463 casos, que afectaron a 279 niños y adolescentes y a 184 niñas y adolescentes.
El informe revela un incremento de más de 50 casos con respecto al primer balance divulgado en enero de 2025. Pues los datos, en su momento, indicaban 409 víctimas en ese periodo, evidenciando la persistencia de uno de los más graves riesgos para la niñez en el contexto del conflicto armado.
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Los departamentos más afectados por este flagelo fueron Cauca (325 casos), Putumayo (21 casos), Valle del Cauca (20 casos), Antioquia (15 casos) y Huila (14 casos), lo que evidencia la persistencia de esta grave violación de derechos humanos en diversas regiones del país.
El reclutamiento forzado, una amenaza a la niñez y adolescencia colombiana
De igual forma, en lo que va del 2025, la entidad ha recibido reportes de siete nuevos casos de reclutamiento en Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Norte de Santander y Santander, lo que indica que esta situación continúa siendo una amenaza para la niñez y adolescencia colombiana.
Cabe señalar que, pese a que estos datos son significativos, las autoridades precisan que habría un subregistro que podría esconder más víctimas de las que se contabilizan de manera oficial.
“La Defensoría del Pueblo hace un llamado urgente a las autoridades competentes para que se fortalezcan las medidas de prevención del reclutamiento, con un enfoque especial en el fortalecimiento de las familias, los centros educativos y las comunidades como entornos protectores”.
Por otro lado, también se enfatizó la urgencia de implementar acciones efectivas de prevención, fortaleciendo el rol de las familias, los centros educativos y las comunidades como entornos protectores.
Finalmente, la Defensoría destacó la necesidad de crear y reforzar canales seguros de denuncia que permitan investigar y judicializar a los responsables. Y así buscar combatir la impunidad y garantizar una respuesta institucional que priorice los derechos de los menores.
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