La Conferencia Episcopal de Colombia se pronunció sobre la decisión de la Corte Constitucional de la despenalización del aborto en Colombia.
El presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, Monseñor Luis José Rueda, aseguró que la iglesia seguirá “defendiendo la vida desde la gestación”.
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“La razón nos muestra que, si defendemos la vida en las etapas más frágiles, desde los momentos de la fecundación, gestación y enfermedad; nos llevará a ser coherentes para pedir que no se recluten niños, que no haya minas antipersonales, que no haya homicidios, que no haya masacres, que no haya guerra, que no haya violencia. Estamos llamados a respetar coherentemente la vida desde la gestación hasta la muerte natural”.
Monseñor Luis José Rueda.
Adicionalmente, mencionó que, para los creyentes, la vida es un derecho fundamental y “un don de Dios y seguiremos anunciando, defendiendo y promoviendo la vida humana”.
Colombia se convierte en el primer país de Latinoamérica en despenalizar el aborto hasta la semana 24 de gestación; con una votación de 5 -4 ganando el sí.
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¡Fallo histórico!: Corte Constitucional despenaliza el aborto hasta la semana 24
Una decisión histórica se tomó este lunes, 21 de febrero, por parte de la Sala Plena de la Corte Constitucional donde se tomó la decisión de despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 24 de gestación.
Esta decisión se logró con una votación de 5-4 y tiene efectos inmediatos; ya que con presencia del conjuez Julio Andrés Ossa, al estudiar la demanda que presentó el movimiento Causa Justa, que pedía eliminar el delito por completo del Código Penal.
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Esto implica que, desde ahora, en Colombia habrá un modelo mixto para realizar la interrupción voluntaria del embarazo; siendo libre y legal hasta los seis meses de gestación.
Luego de cumplido este tiempo, las causales que regían desde el 2006 seguirán vigente; lo que quiere decir que se permitirá hacer un aborto de manera legal cuando el embarazo sea por abuso sexual, malformación del feto incompatible con la vida o cuando represente un riesgo para la salud física o mental de la mujer.
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Además de esto, la decisión exhorta al Congreso y al Gobierno Nacional para que; “sin perjuicio del cumplimiento inmediato de esta sentencia y, en el menor tiempo posible, formulen e implementen una política pública integral, incluidas las medidas legislativas y administrativas que se requiera, según el caso”.
Es por esto que se necesitan “amplios márgenes de desprotección para la dignidad y los derechos de las mujeres gestantes”.
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Por medio de un comunicado de prensa, el alto tribunal explicó que es política debe tener estos elementos:
- La divulgación clara de las opciones disponibles para la mujer gestante durante y después del embarazo.
- La eliminación de cualquier obstáculo para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos que se reconocen en esta sentencia.
- La existencia de instrumentos de prevención del embarazo y planificación.
- El desarrollo de programas de educación en materia de educación sexual y reproductiva para todas las personas.
- Medidas de acompañamiento a las madres gestantes que incluyan opciones de adopción, entre otras.
- Medidas que garanticen los derechos de los nacidos en circunstancias de gestantes que desearon abortar.
A favor de la decisión votaron los magistrados Antonio José Lizarazo, Alberto Rojas, José Fernando Reyes, Diana Fajardo y el conjuez Ossa. En contra, las magistradas Cristina Pardo, Paola Meneses y Gloria Ortiz y el magistrado Jorge Enrique Ibáñez.
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