El Consejo Nacional Electoral (CNE) puede formular cargos en los próximos días al presidente colombiano, Gustavo Petro, y a su gerente de campaña, Ricardo Roa, que dirige la petrolera estatal Ecopetrol.
Esto por la presunta financiación irregular de su campaña y la posible violación del tope de gastos electorales, revelaron este jueves medios locales.
Así lo señaló la emisora Caracol Radio, según la cual dos magistrados del CNE, Álvaro Prada y Benjamín Ortiz, que tienen a cargo la investigación; “encontraron serios indicios y pruebas contundentes” de “la posible violación de topes y financiación prohibida de la campaña del hoy presidente”.
Por esa razón, los dos magistrados pretenden presentar en los próximos días ante la sala plena del CNE un “proyecto de resolución donde formularían cargos el presidente Petro; a su gerente de campaña Ricardo Roa, hoy presidente de Ecopetrol, y a los auditores de esa campaña”; según la emisora, que dijo haber obtenido la información de fuentes de ese organismo de control.
El caso se remonta a febrero de 2023 cuando el CNE abrió una indagación preliminar contra la campaña presidencial de Petro por presuntas irregularidades en su financiación.
Según informó entonces ese organismo, la indagación se abrió “con base en la queja anónima presentada por presuntas irregularidades en la financiación y presentación de informes de ingresos y gastos de la campaña electoral de primera y segunda vuelta presidencial” del Pacto Histórico, la coalición de izquierdas que llevó Petro a la Presidencia en 2022.
El CNE no ha hecho aún ningún pronunciamiento sobre la posible formulación de cargos y el presidente Petro, muy activo en la red social X, donde suele comentar asuntos de su Gobierno y de política internacional, tampoco se ha manifestado al respecto.
La información de la emisora añade que el proyecto de formulación de cargos “se sustentaría en la omisión de los aportes” hechos a la campaña de Petro por el sindicato de maestros Fecode, del partido Colombia Humana y de la Unión Sindical Obrera, así como en el supuesto pago a testigos electorales.
En caso de que los magistrados presenten el proyecto de resolución con cargos por la financiación ilegal, la sala plena decidirá si la admite para seguir adelante con el proceso o si, por el contrario, lo archiva.
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