Luego de 36 horas de tensión, en la noche de este lunes 22 de diciembre, las autoridades lograron la liberación de los 18 militares del Ejército Nacional que permanecían retenidos en zona rural de Carmen de Atrato, Chocó, mientras cumplían operaciones contra el ELN.
El hecho ocurrió en el resguardo indígena La Puria, territorio del pueblo Embera Katío, según el Gobierno, el ELN presionó a miembros de la comunidad para ejecutar la retención de los uniformados.
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Una comisión humanitaria, integrada por la Defensoría del Pueblo, la Iglesia católica, el Ministerio del Interior, la Gobernación del Chocó y autoridades locales, lideró un diálogo de varias horas que permitió el regreso seguro de los militares.
“Nuestros soldados ya están sanos y salvos. No existen territorios vedados para la Fuerza Pública y no toleraremos la instrumentalización de comunidades por parte de grupos armados ilegales”, afirmó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, en su cuenta de X.
El jefe de la cartera también rechazó el uso de civiles en acciones criminales y reiteró que el Estado continuará cumpliendo su misión constitucional en todo el territorio nacional.
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Denuncias y continuidad de las operaciones militares
Tras confirmarse la liberación, el ministro Sánchez anunció que el Gobierno presentará denuncias penales por los delitos de secuestro y obstrucción a la función pública.
Además, ordenó investigar la exposición de los datos personales de los militares, situación que puso en riesgo su integridad.
“El Estado no tolerará presiones criminales. Seguiremos desmantelando el cartel del ELN y cualquier organización que amenace la seguridad de los colombianos”, señaló el funcionario.
La Séptima División del Ejército informó que los uniformados pertenecen a la Brigada 15 y que adelantaban operaciones contra el Grupo Armado Organizado ELN en esta zona del departamento cuando ocurrió la retención.
La institución explicó que la entrega se logró luego de cerca de cuatro horas de diálogo con la comisión humanitaria y con representantes de la comunidad indígena.
“Reiteramos nuestro compromiso con el respeto a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, y continuaremos operando para garantizar la seguridad y el bienestar de nuestras tropas”, indicó el Ejército en un comunicado.
Desde que se conoció el secuestro, las autoridades instalaron un PMU y realizaron un consejo de seguridad extraordinario.
Desde allí, coordinaron las acciones que permitieron el desplazamiento institucional al resguardo y el inicio de los diálogos.
Con el regreso de los militares, el Gobierno insistió en que mantendrá los operativos en la zona y avanzará en las investigaciones para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables.
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