En su intervención Alejandro Ordóñez Maldonado, ante los miembros de la Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares (Acore) enfatizó sobre los riesgos que significa que sectores sociales, políticos e incluso institucionales del país promuevan, en supuesto nombre de la paz, que los mecanismos de justicia no respondan a los estándares internacionales y excluyan de sus bases figuras como la delación, útil para determinar responsabilidades en los crímenes y por ende vital para el esclarecimiento de los hechos objeto de la justicia transicional.
“Hay quienes interpretan que el ‘reconocimiento’ que evitaría la cárcel se reduce a la aceptación de lo que en la jurisdicción especial se recopile y se le presente al agente estatal. Por tanto, la actuación judicial terminaría con una sentencia sobre los hechos reconocidos, sin que el condenado tuviera que revelar en detalle lo que conozca del crimen, entre otras cosas, quiénes fueron sus cómplices y si sus superiores conocían los hechos. Sé, inclusive, que se ha mencionado que el modelo está diseñado para que no exista ‘delación’”, explicó.
Insistiendo en la necesidad de “blindar” los acuerdos de paz para que tengan sostenibilidad jurídica, política y social, el jefe del órgano de control recalcó que sin verdad, reparación efectiva y justicia real, es decir, penas privativas de la libertad efectivas para los máximos responsables de crímenes atroces, no podrán garantizarse los derechos de las víctimas.
“Les voy a ser muy franco. Se trata es de blindarse para no dejar cabos sueltos, para que no se metan por ahí. Es un absoluto riesgo que existan sectores cuya preocupación sea que no exista delación, denuncia de lo sucedido y de los responsables. Parecen más preocupados por la impunidad
