El aval de la Corte Constitucional se dio vía tutela, luego de respaldar a las madres comunitarias de Nariño, Bogotá y Valle. La Corte ordenó al ICBF saldar el pago de los salarios atrasados desde que estén laborando en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
El Estado debe pagar un promedio de 6,1 billones de pesos, a las 120.000 mujeres y hombres comunitarias desde 1988, año en el que se creó su labor, gracias al fallo arrojado por la Corte Constitucional.
Según Juan Pablo Mantilla, abogado de las madres comunitarias, los reclamos por los derechos laborales y pensionales comenzaron ante la indiferencia del Estado. “Hoy tenemos madres comunitarias de incluso 80 años que siguen trabajando porque aun cuando tuvieran el tiempo para acceder a una pensión, no cuentan con los aportes pensionales para poder pensionarse”, concluyó.
Además, espera que no atribuyan a las madres comunitarias la responsabilidad del impacto fiscal que tenga esta acción judicial en el presupuesto colombiano “me parece por decir lo menos injusto, injusto es que por casi 30 años hayan durado hasta el 2014 con una cosa que le llamaban beca y no reconocían que era salario”, resaltó.
Finalmente, con el fallo, reconocerán los derechos fundamentales del servicio que brindaron en favor de los niños durante toda su vida, aceptando la existencia de un contrato de trabajo entre las madres y el ICBF.
