Colombia es conocido por ser un lugar libre en relación con los hábitos y actividades en medio de una celebración como: sancocho en el río, fiesta en la calle, asados afuera de las casas y fogatas en diferentes lugares.
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Sin embargo, aunque es común ver asados y fogatas en las calles, la mayoría de veces se desconoce la Ley colombiana con base en esto. Por ende, es importante que los ciudadanos conozcan las ampliaciones legales de estas prácticas para evitar sanciones.
Por un lado, realizar asados en la calle o en una zona pública no tiene alguna infracción puntual que trate este tipo de temas. Si bien, las autoridades podrían imponer alguna sanción si la actividad genera riesgos en la seguridad pública y el medio ambiente.
Por su parte, el Código Penal Colombiano menciona que:
"El que con peligro común prenda fuego en cosa mueble, incurrirá en prisión de dieciséis (16) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de trece punto treinta y tres (13.33) a ciento cincuenta (150) salarios mínimos legales mensuales vigentes".
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Además, la Ley 1801 de 2016 del Código Nacional de Policía y Convivencia, menciona que las actividades que involucren fuego en espacios públicos sin la autorización pertinentes, pueden ser consideradas infracciones.
¿Qué pasa si no pagó una multa en Colombia?
Si no se paga una multa impuesta por alguna autoridad, ya sea de tránsito, policial u otra, pueden surgir las siguientes consecuencias:
- Intereses por mora: Después del primer mes de incumplimiento, comenzarán a acumularse intereses sobre el valor inicial de la multa, lo que aumentará considerablemente la deuda.
- Proceso de cobro coactivo: Si han pasado 90 días desde la imposición de la multa sin que se haya cancelado, las autoridades iniciarán un procedimiento de cobro forzoso que incluirá el embargo de bienes o cuentas bancarias.
- Suspensión para realizar trámites: Ya sea la expedición de la licencia de conducción, permisos o trámite bancario, podría verse afectado por demorarse al pagar una multa.
- Paz y salvo: Algunas empresas o entidades públicas pueden exigir un certificado de paz y salvo de multas para procesos de contratación o licitaciones.
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