La Superintendencia de Salud de Colombia decidió extender por un año más la intervención administrativa sobre la EPS Sanitas, perteneciente al grupo español Keralty, debido a sus persistentes problemas financieros y deficiencias en la atención a sus afiliados.
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Sanitas, que cuenta con 5,8 millones de afiliados, sigue sin cumplir con los requisitos normativos en materia económica y de prestación de servicios, según explicó la Supersalud. La intervención inicial ocurrió el 2 de abril de 2024 como resultado de la crisis que afecta a varias entidades del sector salud en el país.
La entidad reguladora justificó la prórroga indicando que las razones para la intervención siguen vigentes, en conformidad con el artículo 114 del Decreto Ley 663 de 1993.
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Keralty se manifiesta
Por su parte, Keralty, empresa matriz de Sanitas, recurrió en enero a instancias internacionales para tratar de resolver el conflicto, alegando que la situación impacta negativamente su estabilidad financiera y la calidad del servicio prestado a los usuarios.
Los accionistas del grupo Keralty manifestaron que las acciones adoptadas por el Gobierno representan un trato injusto, arbitrario y discriminatorio, lo que ha provocado la pérdida del valor económico de la EPS Sanitas, afectando no solo a los inversionistas, sino también a sus empleados y a la sociedad colombiana en general.
Debido a las dificultades para alcanzar una solución negociada, la empresa —que ya en abril de 2024 había interpuesto una denuncia penal contra el entonces superintendente de salud, Luis Carlos Leal, por la intervención estatal en Sanitas— llevó el caso a instancias internacionales.
Aunque Keralty no reveló detalles específicos de la demanda, se informó que los accionistas la presentaron ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). Argumentan que la intervención vulnera el tratado de protección recíproca de inversiones vigente entre España y Colombia.
Por este motivo, Centauro Capital (con el 61 % de participación) y Natanor XXI (con el 39 %) exigen al Estado colombiano una compensación de 1.200 millones de dólares.
Cuando la Superintendencia de Salud decidió intervenir Sanitas por un año, argumentando su presunta insolvencia, la EPS ya acumulaba una deuda cercana a los 471 millones de dólares.
¿Qué han hecho las entidades intervenidas?
El Gobierno colombiano, en el marco de su intención de aprobar una reforma a la salud ampliamente debatida, ha tomado medidas similares con otras EPS, justificando su intervención en dificultades financieras y en el incumplimiento de la prestación adecuada de servicios a los usuarios.
No obstante, ninguna de las entidades intervenidas ha mostrado mejoras ni en su estabilidad económica ni en la calidad del servicio, y según denuncias de asociaciones médicas, la situación ha empeorado. Alegan que el Gobierno ha limitado los pagos a estas EPS, afectando directamente la atención a los ciudadanos.
Como consecuencia, diversos hospitales y clínicas han tenido que cerrar unidades de especialidades médicas y han alertado sobre la escasez de medicamentos esenciales para el tratamiento de los pacientes.
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