Este lunes, 22 de mayo, las disidencias de 'Iván Mordisco' emitieron un comunicado de repuesta al anuncio hecho por el Gobierno Nacional; donde se suspende el cese al fuego bilateral con el Estado Mayor Central de las Farc.
El grupo armado manifiesta que siempre han "demostrado una voluntad de paz" desde el 22 de septiembre de 2022, cuando anunciaron el cese de acciones ofensivas contra las fuerzas militares; y posteriormente, cuando aceptaron un cese al fuego bilateral “con el fin de crear un ambiente propicio para una eventual mesa de diálogo”.
Adicionalmente, responsabilizan a las Fuerzas Militares colombianas por presuntamente violar el cese al fuego; "En la práctica, el cese al fuego siempre fue unilateral porque los operativos militares; que de nuevo dejan entrever el paramilitarismo como política de Estado, jamás cesaron."
Comunicado emitido por las FARC:
En el comunicado se logra leer que; "el rompimiento unilateral desatará la guerra y se multiplicarán los muertos, heridos y prisioneros".
Asimismo, este grupo armado se refirió a las acusaciones hechas por el Gobierno sobre supuestos ataques hechos y que, según la guerrilla, nunca cometieron; "También es de relevancia que los hechos que se nos acusan nunca fueron verificados e insistimos que en Caquetá, Meta y Guaviare no ha habido combates de ningún tipo, extorsiones o ajusticiamientos”.
Finalmente, el comunicado concluye afirmando que; "Desde nuestra experiencia, este ha sido el gobierno menos serio para entablar conversaciones, al punto de que ni se han instalado los mecanismos locales del Mecanismo de Veeduría Monitoreo y Verificación, así como las permanentes violaciones a su protocolo en temas que van desde la vocería para pronunciarse en aspectos del cese al fuego hasta la incesante necesidad de verificar hechos sobre terreno, o crear un protocolo de georreferenciación que era una claudicación anticipada y, como ha sido la constante en este proceso, todas las acciones de desescalamiento son responsabilidad de nuestra fuerza”.
Cabe recordar que, en este municipio de Nariño ocurrió el crimen de Tirso, por lo que la comunidad tumaqueña busca que "no los estigmaticen".
Esto porque algunas personas han hecho señalamientos negativos hacia su comunidad, tras el violento ataque que sufrió Tirso.
"En Tumaco se realizó un homenaje a Tirso Duarte, cantante cubano. El sector cultural y la población de este municipio gritaron #LosBuenosSomosMás ante la estigmatización de la que está siendo víctima el territorio por Los hechos ocurridos #Tumaco".
Ángela Montilla, comunicadora social de la región.
En Tumaco se realizó un homenaje a Tirso Duarte, cantante cubano. El sector cultural y la población de este municipio gritaron #LosBuenosSomosMás ante la estigmatización de la que está siendo víctima el territorio por Los hechos ocurridos #Tumacopic.twitter.com/FGNFX0tiDG
El artista no solo le dedicó su cariño a la capital del Valle, pues, cabe resaltar que Tirso disfrutaba de realizar sus presentaciones en las ciudades del Pacífico colombiano, entre ellas, en el municipio de Tumaco, Nariño, al cual también le compuso una canción.
Por eso le compuso una canción a la comunidad tumaqueña: el tema "Pa' Tumaco" dedica versos a la alegría y sabor de su gente:
“Tumaco es de nosotros pa’ que entiendas. No copiamos, somos rumba, somos fiesta, la alegría de mi pueblo no tiene comparación. Tumaqueño soy de corazón. Vamo’ a Tumaco a guarachear”.
La música de Tirso Duarte seguirá sonando en todos los rincones del Valle del Cauca y de Colombia, pues se convirtió en uno de los pioneros de la timba más reconocidos en el país.
La Alcaldesa de Tumaco también pide que no los estigmaticen
Desde la Alcaldía de Tumaco lamentaron profundamente lo ocurrido y su alcaldesa, María Emilsen Angulo, emitió en su momento, un mensaje en nombre de toda la comunidad:
“Ofrecemos al mundo disculpas públicas de este vergonzoso acto pero pedimos no estigmatizar a una comunidad de gente buena trabajadora, amable, alegre y salsera”.
María Emilsen Angulo, alcaldesa de Tumaco.
Y añadió, “de verdad algo extraño que quizás uno de los pueblos de este país que más amó a Tirso Duarte, sea precisamente el lugar donde asesinan al artista”.
Las declaraciones se dieron después de un consejo extraordinario de seguridad, en el que buscan poder identificar y capturar a los responsables del crimen.
“Extendemos nuestras sinceras condolencias a su familia, allegados, a todos sus seguidores, actores culturales, folclóricos y salseros; ya que Tirso Duarte fue una expresión viva de la música afrolatina”
María Emilsen Angulo, alcaldesa de Tumaco.
Además, manifestó que el artista cubano, “realizó aportes valiosos e importantes a nuestra cultura, con el cual tuvimos el privilegio de compartir en eventos, carnavales y festividades”.
Iván Velásquez Gómez (c), ministro de Defensa de Colombia, participa hoy en un acto de excusas públicas ante madres de víctimas de falsos positivos, en la Plaza de Bolívar en Bogotá (Colombia). EFE/Mauricio Dueñas Castañeda
Fueron 6.402 los casos de 'falsos positivos' según la JEP, por ahora el Gobierno pidió perdón por 19 de ellos cometidos en 2008 en Norte de Santander.
Quince años le ha tomado a un gobierno colombiano pedir perdón por uno de los capítulos más oscuros de su historia: los conocidos como "falsos positivos", las ejecuciones extrajudiciales cometidas por el Ejército de jóvenes inocentes que hicieron pasar por guerrilleros para inflar los logros contra la guerrilla de las FARC.
Fueron 6.402, según los números de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), pero este martes, en la céntrica Plaza Bolívar de Bogotá, el Gobierno, encabezado por el ministro de Defensa, Iván Velásquez, ha pedido perdón por 19 "falsos positivos" cometidos en 2008 en el departamento de Norte de Santander (fronterizo con Venezuela).
Julián Oviedo, Carlos Alberto Redondo, Mario Alexánder Arena, Diego Alberto Tamayo u Omar Leonardo Triana son algunos de estos 19 jóvenes procedentes de la localidad de Soacha, vecina a Bogotá, que fueron engañados con promesas de falsos trabajos para ser asesinados y presentados como bajas guerrilleras en combate por el Ejército en Norte del Santander.
A pesar de los años, no hay una sola madre a la que no se le quiebre la voz cuando pronuncia en alto en nombre de su hijo: "Soy madre de Diego Armando Marín Giraldo, un chico asesinado por la Brigada 15 de Norte de Santander", alegó Rubiela Giraldo.
Como ella, una tras otra las madres de estos 19 muchachos subieron al escenario, con retratos a mano o fotografías de sus hijos y camisas blancas. "No pensé que se llegaría a dar una excusa", decía incrédula la primera de ellas, Gloria Ástrid Martínez, madre de Daniel Alexander Martínez, asesinado el 9 de febrero de 2008.
María Ubilerma Sanabria (i), madre de Jaime Estiven Valencia.
Flor Hernández (i), madre de Elkin Gustavo Verano.
"Muchas gracias", se han limitado a decir algunas madres al coger el micrófono, después de repetir el nombre de sus hijos. Pero, a pesar de la gratitud por el acto, las madres incidieron en que llega tarde y las excusas vienen por parte de un Gobierno que no tuvo que ver en los hechos: "este acto debe ser un acto de perdón y no debería ser el ministro que está actualmente (el que lo haga)", aludió Martínez.
Mientras que Florinda Hernández, madre de Elkin Gustavo Verano Hernández, asesinado el 15 de enero de 2008, señalaba directamente: "era Juan Manuel Santos, el que debería haber estado presente para que nos diera la cara y nos pidiera perdón", criticó.
Santos, quien como presidente ganó el Premio Nobel de la Paz en 2016 tras firmar la paz con las FARC, fue uno de los ministros de Defensa durante los peores años de ejecuciones extrajudiciales, que coincidieron con el gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010).
La JEP, el tribunal especial creado por el acuerdo de paz, que es el que más lejos ha llegado juzgando este episodio ha determinado que las fuerzas armadas desarrollaron un "patrón macrocriminal" en el que participaron también los paramilitares y que acabaron con la vida de 6.402 jóvenes, sobre todo de bajos recursos.
Desde entonces, madres como las de Soacha han emprendido una búsqueda por sus hijos, por recuperar los cuerpos que fueron desaparecidos, pero también por exigir justicia y saber "quién dio la orden" para que los asesinaran.
"Nuestra lucha no termina y seguiremos adelante para lograr encontrar a los verdaderos responsables y encontrar y saber quién dio la orden de cometer estos crímenes", alegó Jackelin Castillo, hermana de Jaime Castillo y presidenta de las Madres de Víctimas de Falsos Positivos (Mafapo).
Uno a uno, el ministro de Defensa ha pronunciado los nombres de las "madres que con tanta valentía durante tantos años han luchado por la verdad, por la justicia, por las garantías de no repetición" y el de sus hijos; nombres que durante años el Estado negó haber asesinado. "(Los jóvenes) no estarían recogiendo café", llegó a decir Uribe, que años después se arrepintió de las palabras.
"Venimos a pedir perdón pero sabemos que hoy es difícil obtener ese perdón porque ha habido un Estado que ha pretendido ocultar la verdad, porque ha habido unas autoridades que han pretendido que los hechos no fueron como ya están suficientemente establecidos", aseguró el ministro.
Velásquez, quien informó que el presidente colombiano, Gustavo Petro, que iba a encabezar el acto, no pudo asistir, aseguró que las disculpas se realizan no solo para acatar una orden judicial sino "especialmente porque obedece a nuestras convicciones democráticas".
"Para honrar sus memorias, para decirle a Colombia y al mundo que los 19 jóvenes a cuyos familiares y amigos abrazamos hoy con respeto y solidaridad no eran guerrilleros, no estaban realizando ninguna acción delictiva, no asumieron ninguna confrontación con las fuerzas militares; eran hombres cuyas vidas, sueños e ilusiones se truncaron por la acción criminal de integrantes del Ejército nacional", apuntó el ministro.
Por eso, en nombre del Estado colombiano aseguró: "Pedimos perdón por estos crímenes que nos avergüenzan ante el mundo, reconocemos la responsabilidad del Estado en su ejecución" y de esa forma reconocer, como una de las madres ha subrayado, que "estas locas tenían razón" en su búsqueda de justicia.
Un informe del Ministerio del Interior de Colombia revelado por la revista Cambio Colombia sugiere que la intimidación que soldados disfrazados de disidentes de las FARC cometieron contra una población rural del departamento colombiano de Córdoba fue un montaje realizado por militares y líderes aliados con el Clan del Golfo, la principal banda criminal del país.
La revelación la hizo este martes Cambio Colombia, que aseguró que el supuesto montaje fue hecho con la "anuencia de una ONG denominada Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos" de la que hace parte Juan Fernando Petro, hermano del presidente Gustavo Petro.
El pasado 10 de septiembre, en Bocas del Manso, en el municipio de Tierralta, un grupo de militares armados y disfrazados de disidentes de la antigua guerrilla de las FARC intimidaron y amenazaron a los habitantes de ese caserío, situación a la que no escaparon niños y mujeres.
El Ejército informó que eran 24 los militares que participaron en esta acción (un oficial, 2 suboficiales y 21 soldados) y que, cuando se conocieron los hechos, fueron trasladados a Montería (capital de Córdoba) para que las autoridades puedan investigar los hechos sin interferencia de los protagonistas.
Tras lo ocurrido, el comandante del Ejército, general Luis Ospina, anunció el retiro de 18 militares de la institución por la intimidación que soldados disfrazados de disidentes de las FARC llevaron a cabo contra una comunidad rural del departamento caribeño de Córdoba.
Según lo publicado por Cambio Colombia, la hipótesis del informe del Ministerio del Interior es que todo hace parte de una estrategia del Clan del Golfo, también conocido como Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), para sacar al Ejército de la zona con el apoyo de algunos militares, líderes regionales y la ONG de la que hace parte el hermano del mandatario.
El documento señala que esa banda criminal, miembros del Ejército y algunos campesinos están hostigando a indígenas que habitan la región para sacarlos de allí y apropiarse de sus cultivos de coca, para "quedarse con toda la cadena del negocio del narcotráfico".
Igualmente, otra de las hipótesis de lo ocurrido en Bocas de Manso es que los uniformados disfrazados querían "robarse el dinero que tenían en sus casas algunas familias cocaleras".
Desde el Ministerio de Interior, tras las revelaciones de Cambio Colombia, han indicado que ellos no son "fuente" de ese informe, sino que lo que han hecho es "recoger el conjunto de las versiones" de los testigos, organizaciones, etc. y "elaborar un informe reservado para los ministros y el presidente para que tengan en cuenta el conjunto de versiones que se dan en el territorio y la complejidad de la situación".
"Nuestro informe no versa sobre responsabilidades penales, no versa sobre información de inteligencia, nosotros no tenemos competencia legal para eso. Nuestro informe exclusivamente recoge el conjunto de las actividades por nosotros realizadas y el conjunto de versiones comunitarias, de comunidad internacional y otros actores en la zona", aseguró a medios el director de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, Franklin Castañeda.
El presidente colombiano, Gustavo Petro, aseguró que lo sucedido en Córdoba "no es un caso aislado": "No era un mensaje a los pobladores humildes de El Manso (...), el mensaje era para la sociedad para decirles este Gobierno está hundiendo a Colombia en el desorden, en el caos, hay que poner orden".
En palabras de Petro, "el mensaje iba directo hacia un grupo social específico, los hacendados de tierras productivas que no producen en Córdoba", a quienes les habían mandado una carta "porque no se podía dejar que organizaran el campesinado".
Tras conocerse el suceso, una comisión de la Fiscalía y de la Procuraduría fue atacada cuando se desplazaba hasta el lugar de los hechos en un helicóptero militar.
El ataque se produjo cuando una "comisión integrada por 20 delegados de la Fiscalía y la Procuraduría y demás autoridades, que se desplazaba vía aérea hasta la vereda Bocas del Manso, en Tierralta, Córdoba, para verificar los hechos, fue hostigada con armas de largo alcance cuando se aproximaban al sector", según explicó el Ejército ese día.
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