En medio de un ambiente de creciente tensión política, Héctor Carvajal, abogado del presidente Gustavo Petro, anunció esta mañana en entrevista en Blu Radio que no apelará la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de investigar al mandatario por presuntas irregularidades en la financiación de su campaña presidencial de 2022.
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Carvajal afirmó que no presentará descargos ante el CNE, argumentando que dicho organismo carece de competencia legal para actuar contra el presidente.
"No voy a presentar descargos porque no puedo atender sus requerimientos. Si digo que no tienen competencia, no puedo actuar en su proceso"
Declaró Carvajal en una entrevista concedida a Mañanas Blu.
Según el abogado, la defensa del presidente se centrará en otros frentes, y confirmó que el equipo legal internacional de Petro ha solicitado medidas cautelares ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que Colombia se abstenga de continuar con las investigaciones administrativas.
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"Lo que se busca es ratificar las medidas cautelares para proteger el cargo del presidente, como ya lo hizo la Corte Interamericana en el pasado".
Explicó Carvajal
Juicio por indignidad
El abogado también advirtió que cualquier sanción impuesta por el CNE podría abrir las puertas a un juicio por indignidad, poniendo en riesgo la estabilidad del presidente en su cargo.
Según la Ley 996, la imposición de una multa por violación de los topes de financiación de campaña podría derivar en un proceso de destitución.
"Es grave que se deje imponer una multa al presidente de la República porque no se puede sentar un precedente de esa naturaleza en el país", subrayó Carvajal. Reiterando que el CNE no tiene legitimidad para investigar ni sancionar a un presidente en funciones.
Por su parte, Carvajal defendió la transparencia del mandatario, afirmando que Petro ha colaborado plenamente con los procesos legales y ha solicitado que el caso sea público para que la sociedad pueda conocer los detalles y aclarar que no hubo violación de los topes de financiación.
Este proceso, que algunos comparan con el juicio político enfrentado por el expresidente Ernesto Samper en los años noventa, ha generado gran controversia. Y mantiene la atención pública sobre las futuras decisiones de la Corte Constitucional.
La defensa de Petro mantiene la esperanza de obtener un fallo favorable en los tribunales colombianos, pero no descarta recurrir nuevamente al sistema interamericano de derechos humanos si es necesario.
La situación sigue escalando, con posibles implicaciones para la estabilidad política del país en los próximos meses.
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