La Corte Constitucional, en decisión unánime de la Sala Plena, declaró inexequible el Decreto 1474 de 2025, el cual había sido expedido en el marco de la emergencia económica que posteriormente fue anulada.
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Esta norma establecía un IVA del 19 % a los licores y las apuestas en línea, además de disminuir el umbral para declarar el impuesto al patrimonio a 2.000 millones de pesos.
La decisión fue adoptada por los ocho magistrados habilitados, quienes argumentaron que el decreto cae como consecuencia del hundimiento del llamado decreto “madre”, el 1390 de 2025.
Según la Corte, el estado de excepción no cumplía con los requisitos constitucionales, al no estar sustentado en hechos sobrevinientes o imprevisibles que justificaran otorgar facultades extraordinarias al presidente.
Medidas tributarias
Con esta determinación, el alto tribunal también ordenó la devolución de los recursos recaudados a través de estas medidas tributarias, que según algunos gremios superarían el billón de pesos, pese a que el objetivo inicial era obtener cerca de 11 billones de pesos.
"Los impuestos indirectos pagados mientras el Decreto Legislativo 1474 de 2025 produjo efectos sean devueltos a los sujetos pasivos que materialmente hayan realizado el pago y así lo acrediten, para lo cual la DIAN aplicará, dentro de los 30 días siguientes a la notificación de esta sentencia, los mecanismos legales existentes o dispondrá la adopción de uno específico para ese efecto, si fuere necesario".
Informativo.
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El alto tribunal también solicitó respetar las situaciones jurídicas que se consolidaron durante la vigencia del decreto, es decir, que no se modifiquen las condiciones de los contribuyentes que cumplieron con los requisitos y accedieron a los beneficios tributarios establecidos.
En la decisión, los magistrados Vladimir Fernández Andrade y Héctor Carvajal presentaron aclaraciones de voto, mientras que Jorge Enrique Ibáñez Najar no participó, luego de que se aceptara un impedimento en su caso.
Cabe recordar que este decreto generó tensiones entre el Gobierno nacional y los mandatarios locales, quienes incluso plantearon un desacato colectivo al considerarlo inconstitucional y perjudicial para las finanzas territoriales, especialmente porque una parte importante de sus ingresos proviene de la industria licorera.
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