El Estado de Colombia es responsable por el exterminio, desde la década de los ochenta, de más de 6.000 líderes, políticos y militantes del partido Unión Patriótica (UP). Así lo notificó este lunes la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
"La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró que el Estado de Colombia es responsable por las violaciones de derechos humanos cometidas en perjuicio de más de seis mil víctimas integrantes y militantes del partido político Unión Patriótica ("UP") a partir de 1984 y por más de veinte años"; así lo publicó la institución en un comunicado sobre la sentencia.
Según el fallo, el Estado colombiano violó derechos a la vida; honra, libertad de expresión; circulación y residencia de los integrantes de la UP; así como el derecho a conocer la verdad de lo que sucedió con el exterminio.
"La Corte pudo comprobar que la violencia sistemática contra los integrantes y los militantes de la Unión Patriótica; la cual perduró por más de dos décadas y se extendió en la casi totalidad del territorio colombiano; se manifestó a través de actos de distinta naturaleza como desapariciones forzadas, masacres; ejecuciones extrajudiciales y asesinatos; amenazas, atentados; actos diversos de estigmatización; judicializaciones indebidas, torturas, desplazamientos forzados, entre otros", dice el texto.
Estos actos constituyeron "parte de un plan de exterminio sistemático contra el partido político Unión Patriótica; sus miembros y militantes. Los cuales contaron con la participación de agentes estatales, y con la tolerancia y aquiescencia de las autoridades; constituyendo un crimen de lesa humanidad", agrega el documento.
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Medidas de reparación del Estado
Como medidas de reparación, la Corte IDH estableció que el Estado colombiano tendrá que organizar un acto público. Allí deberá reconocer su responsabilidad y deberá iniciar, impulsar y continuar con las investigaciones amplias y sistemáticas para conocer la verdad por las graves violaciones de derechos humanos, para lo que tiene un plazo de dos años.
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Además, deberá construir un monumento en memoria de las víctimas; así como varias placas en diferentes ciudades, para honrar a quienes resultaron afectados por el exterminio.
La UP fue fundada en 1985 como parte de un proceso de paz iniciado un año antes por la entonces guerrilla de las FARC junto con otros grupos rebeldes y con el gobierno del entonces presidente Belisario Betancur (1982-1986).
Según la Corte IDH, "como consecuencia de su rápido ascenso en la política nacional y, en especial, en algunas regiones de tradicional presencia guerrillera, surgió una alianza entre grupos paramilitares, con sectores de la política tradicional, de la fuerza pública y de los grupos empresariales, para contrarrestar la subida en la arena política de la UP" y comenzaron los actos de violencia contra sus integrantes, simpatizantes y militantes. (Sputnik)
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