La Corte Constitucional anuló el matrimonio infantil en Colombia, este jueves 6 de febrero.
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El tribunal determinó que la edad mínima para casarse en el país será de 18 años.
Además, declaró que los artículos 117 y 124 del Código Civil son contrarios a la Constitución, por lo que los declaró inexequibles.
"Los menores de la edad expresada no pueden contraer matrimonio sin el permiso expreso, por escrito, de sus padres legítimos o naturales".
Artículo 117, código civil
"El que no habiendo cumplido la edad, se casare sin el consentimiento de un ascendiente, estando obligado a obtenerlo, podrá ser desheredado no sólo por aquel o aquellos cuyo consentimiento".
Artículo 124, código civil
Según el fallo de la Corte, las uniones maritales entre o con personas menores de 18 años son incompatibles con la Constitución.
Asimismo, destacó que declarar estas normas inconstitucionales no es suficiente, por lo que instó a las autoridades a crear políticas para erradicar esta práctica.
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Entre las primeras declaraciones está la de la congresista Alexandra Vásquez, quien desde el Congreso lideró un proceso de lucha para acabar con los matrimonios infantiles en el país.
“Confirmar esto protege los derechos patrimoniales de los niños y niñas de Colombia. ¡Por fin todas las ramas del poder estamos de acuerdo con acabar esta práctica!”
Alexandra Vásquez, congresista colombiana
En Colombia las niñas y niños no se volverán a casar. La eliminación del matrimonio infantil recibe el apoyo de la @CConstitucional, con su decisión de establecer la edad mínima para casarse en 18 años, luego de que desde mi curul habíamos enviado un concepto para eliminar esta… pic.twitter.com/6yaVkgmUV7
— Alexandra Vásquez (@alexandravasoch) February 6, 2025
Entre las solicitudes específicas se incluyen:
- Brindar a niñas y adolescentes alternativas pedagógicas para formar un juicio crítico y permitirles tomar decisiones de manera autónoma.
- Proveer herramientas que fortalezcan los derechos de niñas y adolescentes, como su participación en actividades deportivas y económicas.
Además, la Corte ordenó a la Defensoría del Pueblo realizar un análisis de las zonas donde más se presenta esta situación y poner en marcha campañas pedagógicas.
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