Colombia logró sacar a más de 300.000 personas de la pobreza energética durante 2024, según la tercera edición del Índice Multidimensional de Pobreza Energética (IMPE).
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Sin embargo, el informe advierte que uno de cada seis colombianos aún enfrenta carencias que limitan actividades esenciales como cocinar, estudiar o comunicarse, lo que evidencia que, pese a los avances, el reto sigue siendo profundo y desigual en el territorio nacional.
El balance muestra una reducción del indicador nacional, que pasó de 16,1 % a 15,4 %, equivalente a 8,1 millones de personas en situación de pobreza energética. No obstante, al ritmo actual, el país tardaría hasta 2034 en llevar este porcentaje a un solo dígito.
Avances y retos: una brecha que se mantiene
Aunque los resultados generales son positivos, el informe revela marcadas diferencias regionales.
El Valle del Cauca en 2024 se ubicó entre las zonas con menores niveles de pobreza energética, junto a Bogotá, Quindío y Risaralda, territorios que avanzan de manera sostenida en acceso y calidad del servicio en Colombia.
En contraste, departamentos como Córdoba, Chocó, La Guajira y Vaupés superan ampliamente el promedio nacional y presentan rezagos críticos en infraestructura eléctrica, acceso a energías limpias y continuidad del servicio.
Uno de los hallazgos más preocupantes del informe es el deterioro del servicio eléctrico en la región Caribe, donde los usuarios continúan enfrentando apagones frecuentes, inestabilidad del voltaje y altos costos.
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Expertos piden acelerar la política pública
Para Juan Manuel Rojas, presidente de Promigas, la clave está en fortalecer la articulación institucional y orientar las políticas hacia territorios rezagados.
“Podríamos como país estar sacando más personas de la pobreza energética si tenemos más foco en las políticas que diseñamos a nivel nacional y a nivel local, específicamente para sacar a mayor población de una manera más rápida”.
Afirmó.
Desde el sector privado, también se hizo un llamado a que los gobiernos territoriales utilicen el índice como insumo para la toma de decisiones.
“Ajustando Este índice, los gobernantes pueden proponer acciones concretas para mejorar la calidad de vida de todos nuestros ciudadanos a través de un mejor acceso con una mejor calidad de energía de cada uno de nuestros pobladores”.
Destacó Pilar Rodríguez, gerente general de Gases de Occidente.
Un desafío que exige continuidad
El estudio concluye que la reducción de la pobreza energética demanda intervenciones estructurales, inversión en infraestructura y una estrategia nacional que priorice zonas históricamente excluidas.
El reto inmediato será cerrar brechas, garantizar energía de calidad y asegurar que regiones adelantadas como el Valle del Cauca continúen consolidando progresos sostenibles.
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