La crisis humanitaria en el Catatumbo sigue agravándose en medio de enfrentamientos violentos entre las disidencias de las FARC, el ELN y grupos narcoparamilitares. Una comisión de la Procuraduría General de la Nación visitó la zona y confirmó que la situación es crítica, con más de 52.000 personas desplazadas y alrededor de 32.000 en confinamiento forzado.
Únete a nuestro canal de WhatsApp
El procurador delegado para los Derechos Humanos, Javier Sarmiento, advirtió que las confrontaciones persisten y que no hay condiciones de seguridad para un retorno de los desplazados. Además, reveló que se han registrado 52 homicidios, entre ellos seis firmantes del proceso de paz, y que 12 firmantes más están desaparecidos.
Falta de ayuda humanitaria y denuncias de irregularidades
Uno de los hallazgos más preocupantes de la comisión fue la acumulación de ayudas humanitarias en las instalaciones del Cuerpo de Bomberos de Ocaña, sin ser entregadas a las personas en albergues.
“Viendo esta situación humanitaria evidente en los ocho albergues, preocupa que las ayudas no se estén suministrando adecuadamente”.
Afirmó Sarmiento.
Lea también: Identifican a dos víctimas halladas en La Escombrera en Medellín; desaparecieron en 2002
Por tanto, la Procuraduría hizo un llamado a las autoridades municipales y departamentales para que agilicen la distribución de estos recursos y eviten una revictimización de las poblaciones más vulnerables, especialmente niños, adolescentes, mujeres y adultos mayores.
El peligro de las minas antipersonales
Otro factor que impide el retorno de los desplazados es la presencia de minas antipersonales en la región. Según Sarmiento, el Catatumbo es una de las zonas más afectadas por este problema, y las labores de desminado han estado suspendidas por años debido al conflicto armado.
“La educación en el riesgo de minas es clave en este momento. Antes de pensar en un retorno, hay que preparar a la población sobre cómo evitar accidentes con explosivos”.
Explicó el procurador.
Llamado urgente a las autoridades
Ante la gravedad de la situación, la Procuraduría insiste en la necesidad de una coordinación eficiente entre la Alcaldía de Ocaña, la Gobernación de Norte de Santander y el Gobierno Nacional para garantizar la estabilidad de los desplazados y mejorar las condiciones en los albergues.
Por su parte, la Gobernación de Norte de Santander publicó en X un boletín informativo con el balance del Puesto de Mando Unificado (PMU). El boletín destaca las medidas adoptadas por las autoridades departamentales para mitigar la crisis humanitaria.
Artículo relacionado
Sigue nuestras redes sociales: