El 24 de noviembre se completó los primeros 12 meses de la firma del documento final del Acuerdo de Paz . Expertos analizaron el tema en el segmento de análisis de los viernes en 90 Minutos En Detalle . Hicieron un primer corte de cuentas, identificaron los avances y retrasos en los seis puntos de la agenda.
Un avance que no supera el 20 por ciento de ejecución en los 6 puntos del acuerdo es el panorama por el que atraviesa la paz en Colombia. Política de Desarrollo Integral, Participación Política y Solución al Problema de las Drogas Ilícitas son considerados los puntos más importantes de todo el documento y a la fecha son los que más retrasos presentan.
El gestor de paz del Valle, Fabio Cardozo indicó que estos puntos “hasta el momento se ha venido cumpliendo de manera paulatina, lentamente. Todos hemos sidos conscientes en Colombia del deplorable espectáculo de unos parlamentarios que sujetan el futuro del proceso”.
Los ánimos dentro de de las zonas de normalización están bajos según los comandantes. El último informe de la ONU indicó que cerca del 55 por ciento de los excombatientes abandonaron estos lugares.
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En la vereda Monterredondo ubicada en zona rural de miranda cauca solo quedan de 70 de los 223 hombres y mujeres que llegaron en febrero de este año.
Así lo aseguró Carlos Acosta, integrante de la Zona de Normalización de Monterredondo, “ algunos compañeros y compañeras se vuelven escépticos del proceso y es lo que nosotros nos preocupa. Creemos nosotros que con más voluntad política, más intención desde la Corte Suprema de Justicia , desde todas las organizaciones del estado”.
El punto que más preocupa a los expertos que han hecho seguimiento al proceso de paz es el número uno relacionado con la Política de Desarrollo Agrario Integral.
De esta manera, James Larrea, líder social, habló del tema, “ el fondo de tierras que quedó acordado en el Acuerdo y que le iba a devolver a las víctimas del conflicto cerca de tres millones de hectáreas de tierras del país, pues ni siquiera ha empezado sus proceso administrativo de conformación”.
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El censo catastral se encuentra desactualizado y no existe un registro oficial sobre cuáles son las tierras reales con las que cuenta el estado que serán usadas para la reparación integral de las víctimas.
Tales como, “subsidios para la producción, mercados con comercialización justa, pero así también que las víctimas cerca de 70 millones de colombianos que se vieron afectados de alguna manera por el conflicto fueran reparadas”, afirmó James Larrea.
A diez meses de que se empezará a implementar el fast track solo se han resuelto cuatro actos legislativos. Antes que finalice el año solo se habrán aprobado 12 de las 24 iniciativas legislativas que estaban proyectadas, incluidas la Justicia Especial para La Paz y la Reforma Política que fueron modificadas.
Sobre ese particular agregó Cardozo que “en materias de la Justicia Especial para la Paz que es un tema central de los acuerdos que se adoptaron, decisiones que son claramente inconstitucionales como las las inhabilidades que se le colgaron a los defensores de los derechos humanos”.
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El avance no solo ha sido lento, también varios puntos fueron modificados durante las discusiones que se dieron en este año. Los expertos aseguran que se trata de una violación a lo que inicialmente se acordó.
Así mismo, James Larrea denunció que las violaciones al Acuerdo son graves y afecta directamente a las víctimas, además agregó que “aquí se vieron beneficiados empresarios que intervinieron gravemente en el conflicto, en la realización de crímenes de lesa humanidad”.
En medio de los cambios que sufrió el acuerdo el partido de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común intenta abrirse campo para hacer política. Uno de los mayores avances del acuerdo fue que pudieran conformarse como un partido.
En este sentido, Cardozo aseguró que las Farc tienen “todas las garantías de inclusión para que puedan en el Valle del Cauca adelantar su proceso político, su proceso de reincorporación sin restricciones”.
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Aunque en el departamento del Valle del Cauca no se instaló ninguna zona de normalización. Desde el Departamento de Gestión de Paz se abrieron dos escaños para exmilitantes, que Ahora trabajan en varios procesos que se adelantan para construir paz.
“Esa contribución es básicamente la actuación e intervención en aquellos sectores en donde la guerra golpeó aún más a los lugares de los campesinos de esta región”, agregó Fabio Cardozo, gestor de paz del Valle.
La erradicación y la Sustitución de Cultivos Ilícitos es otro de los puntos que más complicaciones ha presentado, por un lado están las labores que se adelantan para frenar el aumento pero por otro las comunidades denuncian que la erradicación está siendo forzada.
Por su parte Carlos Acosta, integrante de la zona de normalización de Monterredondo, mencionó que “tampoco está claro lo del tema de sustitución, hay comunidades que han manifestado su disposición en el tema de sustitución, pero tenemos entendido que aún no llegan los recursos para que arranquen este programa”.
Además agregó que “ ya es hora de que se deje a un lado los caprichos, rencores y los odios que son los que envenenan a la sociedad y se le dé una oportunidad al pueblo colombiano”.
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Los expertos que analizaron el tema también dejaron ver su preocupación por la seguridad del excombatiente. Las cifras oficiales revelan que en lo que va del año 93 líderes comunitarios, sin embargo organizaciones sociales hablar de más casos.
Por otro lado, Cardozo señaló que es importante que “haya justicia, que pueda reparar las víctimas, que Colombia después de un proceso donde hay tantos compromisos y responsables, el país lo único que puede esperar es conocer la verdad”.
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En cifras avances del Acuerdo de Paz
De acuerdo con el último informe de Medicina Legal, entre el 2004 y el 2016 hubo una reducción considerable de los homicidios en el marco del conflicto armado, lo que muestra los efectos de las negociaciones de paz entre el Gobierno y las Farc.
De 2.713 homicidios en 2002 se pasó a 210 en 2016. Esto significa 92,2 por ciento menos muertes por el conflicto armado en Colombia.
El informe también destaca el descenso de las muertes en operaciones de la Fuerza Pública en contra de los grupos armados, que pasaron de 594 en 2004 a 117 casos en el 2015 y 51 en el 2016.
Del mismo modo, las muertes producto de artefactos explosivos pasaron de 21 en el 2004 a cuatro en el 2016.
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Hoy #26Nov de 2017 finalizamos con nuestra posición número 4️⃣️ de #LasMásVistasEn90. https://t.co/Ao7b20MW7m
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