La Directora General del ICBF, Karen Abudinen Abuchaibe, señaló que el año pasado fueron abiertos 11.290 Procesos Administrativos de Restablecimiento de Derechos por abuso sexual. Por lo anterior, en el país cada día el ICBF abre 30 procesos de este tipo.
Las cifras de abuso sexual en Colombia se incrementaron de forma desalentadora el año que pasó, ya que en 2015 el ICBF abrió 8.119 Procesos Administrativos de Restablecimiento de Derechos, cerca de 3.000 casos menos que los registrados en 2017.
Cabe resaltar que el aumento del conocimiento de los casos está relacionado también con la mayor confianza que se tiene en denunciar ante el ICBF, particularmente con la puesta en funcionamiento de la línea 141.
Abudinen Abuchaibe mencionó la necesidad de que la justicia se lleve “hasta las últimas consecuencias y que toda la ley caiga sobre los abusadores”, siendo esto lo mínimo que se puede hacer por los menores afectados.
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Casos como el de alias el “lobo feroz” ponen en alerta a la comunidad frente a la vulnerabilidad que tienen los niños, niñas y adolescentes. La Directora también hizo un llamado para tener las mayores precauciones, “como padres y cuidadores debemos cuidarlos, protegerlos y extremar las medidas en la casa, en sitios públicos, en Internet, en los colegios, en todos los lugares donde advirtamos riesgos para ellos”, afirmó.
Por otro lado agregó, “ya solicitamos formalmente información de las investigaciones judiciales a la Fiscalía General de la Nación, para trabajar articuladamente y poder identificar a los niños, niñas y adolescentes afectados porque ellos no pueden ser un número más.
La funcionaria resaltó que es indispensable que las posibles víctimas denuncien y no se permita que este tipo de delitos quede impune, es decir, que haya un denuncia oportuna para así tomar las riendas de una investigación.
Además, reveló que se está proponiendo que los beneficios de reducción de la pena por actividades como trabajo o estudio, por ejemplo, no apliquen a los violadores de menores de edad.
Vale destacar que, de los 11.290 procesos adelantados por el ICBF durante 2017, en el 87% de los casos los Defensores de Familia decidieron que los niños permanecieran en su entorno familiar porque éste demostró ser garantes de sus derechos; mientras que en el 13% restante, los Defensores de Familia reubicaron a los niños en Internados o en Hogares Sustitutos, dado que sus familias no eran garantes de derechos.
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