Martes, Octubre 23 2018

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Rifirrafe por cobro de tasa de seguridad para el Valle en recibos de servicios públicos

Desde la gobernación del Valle afirman que se estima recaudar alrededor de $15.000 millones a diciembre de este año.

El cobro de la tasa de seguridad que se está realizando desde este año, es un tributo creado, según la Gobernación del Valle, para reforzar la seguridad en los 42 municipios del departamento. La polémica surgió tras una solicitud que se le realizó a la Superintendencia de Servicios Públicos, quien ordenó retirar dicho cobro a una usuaria, por lo que ahora se debate sobre la legalidad de dicha tasa.

Juana Eloísa Cataño, diputada del Valle, fue la persona que solicitó al ente de control y vigilancia retirar dicho cobro a su inmueble por considerarlo como un cobro ilegal.

Según la diputada, la Superintendencia confirmó que la tasa es ilegal y por eso mediante una ordenanza decidió “retirar en forma definitiva de la facturación de la usuaria el cobro de la tasa especial de seguridad y convivencia ciudadana”.

Una de las justificaciones de Cataño es que según el artículo 1 del Decret0 828 de 2007 dice que “las empresas que presten servicios públicos dominiciliarios, no podrán incluir en la factura correspondiente cobros distintos a los originados en la prestación efectiva de los mencionados servicios, aunque existan derechos o conceptos cuyo cobro esté fundamentado en otras normas de carácter legal, salvo que cuenten con la autorización expresa del usuario”.

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Por su parte, la Gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro afirmó que la tasa para la seguridad seguirá vigente para los usuarios asignados porque su cobro es legal.

Según la mandataria regional, es falso que se haya suspendido el cobro, y reiteró que “no puede suspenderse porque la Superintendencia de Servicios no puede suspender una tasa que es legal y que además no suspendió el Tribunal Contencioso Administrativo que es el que tiene la potestad para hacerlo”.

Agregó que ya se habló del tema con el Superintendente Nacional, quien aclaró que la resolución fue expedida por el Superintendente delegado para el departamento, pero según la funcionaria, desde la Superintendencia Nacional se respalda el cobro de la tasa como una medida legal y, por lo tanto, se tiene que seguir cobrando.

Toro aclaró que “lo que hay que hacer es algunos cambios por parte de Emcali y las demás empresas que están haciendo el recaudo. Tienen que hacer un desprendible, es un asunto más de forma, porque de fondo no tiene absolutamente nada porque la tasa continúa siendo legal”.

Del 1 de enero del 2017 al 30 de junio del 2017 la tasa especial de seguridad y convivencia ciudadana ha recaudado $5.361’784.481. Esta tasa consiste en el porcentaje que se aplicará al valor del consumo de energía eléctrica facturado al sujeto pasivo.

  • Los estratos 1,2 y 3 no deberán pagar dicha tarifa mensual sobre consumo. El estrato 4 paga el 1,0%. Mientras que los estratos 5 y 6 pagan el 2,0%. Por su parte, los sectores comerciales, industriales y especiales pagan el 1,7%. Mientras que el oficial-Público paga el 1,0%. Con una tarifa máxima de 1,7 SMMLV para el sector industrial y de 1,4 SMMLV para el sector comercial.

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