El Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal es una organización mexicana que tiene por objeto contribuir con las autoridades de seguridad pública para reducir la violencia y realizar acciones encaminadas al logro de la paz. Desde 2009, esta entidad ha provisto el ranquin de las ciudades más violentas del mundo evaluando, entre otros indicadores, el homicidio doloso.
Como resulta evidente, varias ciudades colombianas como Villavicencio en 2010, Barranquilla en 2011 y 2012, Pereira desde 2010 hasta el año 2015 y Armenia en 2016 han estado incluidas en el ranquin y para su fortuna han logrado salir. Infortunadamente, Santiago de Cali no solo ha estado siempre incluida en esta medición, desde que fue creada, sino que tampoco ha logrado zafarse.
Coincidente con el primer gobierno de Jorge Iván Ospina, en 2009 ocupamos la sexta posición con 1.615 homicidios y una tasa del 73% por cada 100.000 habitantes, para 2010 ocupamos el décimo puesto con 2.015 homicidios y una tasa del 85.79% y, en 2011 fuimos undécimos con 1.720 homicidios y una tasa del 77.90%.
Durante la segunda administración de Rodrigo Guerrero, tampoco salimos del ‘top’ 10. Iniciamos en 2012 en la séptima posición con 1.819 homicidios y una tasa del 79.27%, para 2013 ocupamos la posición 4 con 1.930 homicidios y una tasa del 83.20%, en 2014 ocupó la novena con 1.530 homicidios y una tasa del 65.25% y cerrando 2015 con 1.523 homicidios y una tasa del 64.27% en la décima casilla.
Lea también: ¿Cali necesita un nuevo modelo de seguridad?
En el periodo de Maurice Armitage, la ciudad mejoró sus indicadores iniciando en 2016 con 1.358 homicidios y una tasa del 54% en la vigésima primera posición, en 2017 en la posición 29 con 1.261 homicidios y una tasa del 49.59%, para 2018 ocupando el lugar 31 con 1.209 homicidios y una tasa del 47.03%. Finalmente, en 2019 cerramos en la posición número 26 con 1.176 homicidios y una tasa del 45.24%.
Para finalizar este vergonzoso recuento, en el actual mandato Ospina la ciudad arrancó 2020 ocupando la posición 39 con 987 homicidios y una tasa del 37.56%, superó el 2021 en la posición 24 con 1.241 homicidios y una tasa del 52.24% y cerramos 2022 en la posición #32 con 1.007 homicidios y una tasa del 42.09%.
En un breve contraste, Medellín -que 2009 compartió con Cali la figuración en este ranquin- en dicho año ocupó la posición número 9 con 1.432 homicidios y una tasa de 62% y continuó figurando por 5 años consecutivos, fue reduciendo su tasa promedio del 77.04% en 2010, cuando ocupó la posición 15, hasta llegar al 26.91% en el año 2014 a la posición 49 siendo su último registro en el ranquin. Así, la capital antioqueña completó 8 años consecutivos por fuera de ese deshonroso listado.
Más allá de las alarmantes cifras, esta entidad es precisa en afirmar que abordar la criminalidad con políticas fallidas y desde ámbitos diferentes al de la seguridad propiamente dicho, son en gran medida el motivo para que los niveles de violencia se mantengan o incluso se incrementen en territorios urbanos. Como evidencia, citan el programa “menos balazos y más abrazos”, implementado en algunas ciudades mexicanas, no solo ha debilitado la acción de las fuerzas del orden en contra de los criminales, sino que ha derivado en que nueve de estas sean las más violentas del planeta.
¿Queremos evitar la pena de seguir listados como una de las ciudades más violentas de mundo? Conocer estas cifras no solo nos debe alarmar, sino también generar un verdadero mecanismo de presión. Por tanto, si los caleños queremos en realidad revertir las tendencias de violencia y frenar por fin más de 14 años de políticas fallidas en materia de orden público, debemos entender la necesidad de abordar la seguridad ciudadana con un enfoque diferente e innovador.
Nuestra ciudad será inviable si continuamos delegando este asunto de vital importancia en políticos inexpertos, sin la formación ni las competencias para garantizar su abordaje con pertinencia, oportunidad y articulación efectiva. Lograremos tras las elecciones de octubre, por fin, garantizar el cumplimiento del deber en materia de seguridad y proteger la vida, bienes y honra de todos los ciudadanos.
Artículo relacionado
Sigue nuestras redes sociales:
