El acuerdo de paz firmado con la guerrilla de las Farc contiene en su primer punto el mandato que responde a la necesidad de un Catastro Multipropósito para todo el país. Colombia es un país donde más del 86% de los terrenos no tienen claridad en su titulación, y, por ende, el ordenamiento del territorio y la aplicación de un nuevo pacto social pasa por lograr hacer un ejercicio de actualización catastral, esta vez en manos de las alcaldías municipales con capacidad de adelantarlo.
Por supuesto en Cali, una ciudad con más 668 mil predios en la que se estima que más de 63 mil terrenos no contribuyen a las finanzas públicas de la ciudad, la aplicación del Catastro Multipropósito se convierte en una necesidad urgente. El problema es que esta herramienta, que en su origen tiene un fin de justicia y equidad social, se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para la población de los 15 corregimientos de Cali.
Y no es para menos, el dolor de cabeza para la ciudad empezó cuando Jorge Iván Ospina le dió la tarea de realizar este proyecto con un presupuesto disponible que ronda los $50 mil millones según lo aprobado en el empréstito del 2020 a una empresa Barranquillera teniendo radicadas en Cali las empresas de software y tecnología más importantes del país. Este contrato se lo ganó la empresa Costeña siendo la única proponente, la única licitante y finalmente acreedora de este cuantioso convenio. Muchos se preguntarán por qué las empresas locales no participaron de la licitación y en palabras de las mismas sostienen que las más de 60 actividades comerciales que exigía la alcaldía lo hacía imposible, actividades que los Barranquilleros cumplían casualmente.
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Con un proceso que generó muchas sospechas empezó el proyecto de alistamiento para recolectar la información en la ciudad, principalmente en la zona rural que está apostada en los Farallones de Cali. Allí comunidades de la Buitrera, La Castilla, Montebello y La Sirena se acostaron un día siendo estrato 1 y 2 y se levantaron siendo 4 y 5. Esto prendió las alarmas ya que casualmente muchos de los lugares donde coinciden estos aumentos, están ubicados en la zona de mayor valorización de la ciudad de los últimos 15 años, un hecho que genera suspicacias ya que el representante legal de la firma Barranquillera que realiza el Catastro Multipropósito es un ex promotor inmobiliario en España.
Ante una situación que se ha empezó a repetir y que ha llevado incluso a que lugareños de los corregimientos protesten, cierren sus vías y se organizan, hemos iniciado un acompañamiento a los corregimientos de la ciudad apoyándolos en esta lucha de manera firme, por eso hemos solicitado que se asuma un control preferente por parte de la Contraloría y la Procuraduría General de la Nación no solo por las presuntas irregularidades que rodean este contrato, sino también para que la Defensoría del Pueblo y la institucionalidad llegue a darle la cara a la gente de la ruralidad que en los últimos 20 años no les llevaron ni sanidad ni vías ni educación pero que pareciera que ahora han llegado pero para sacarlos a empujones de sus territorios.
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