Ante el pronunciamiento del Consejo de Estado, anunciado el pasado 1 de junio, Metrocali solicitó a la Corporación Autónoma Regional del Valle, (CVC), la precisión del alcance del mismo y la aclaración de varios puntos de su decisión, razón por la cual las medidas cautelares ordenadas en la providencia, como la suspensión temporal de las autorizaciones dadas por la CVC, no están en firme y es legal que los trabajos en los tres frentes de obra continúen.
Además en la decisión de la Sección Primera del Consejo de Estado, se confirma una medida cautelar proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle, que ordena realizar un estudio para determinar si los impactos ambientales que se puedan presentar durante el desarrollo de la Terminal Sur del Mío, se encuentran dentro de los rangos estipulados en los permisos otorgados por la CVC a Metrocali para realizar la obra.
Según Paola Mejía, secretaria General y de Asuntos Jurídicos de Metrocali mencionó que “en la decisión del Consejo de Estado, no se menciona en ningún aparte que Metrocali haya incumplido las obligaciones contenidas en los permisos ambientales, ni que haya causado una alteración al medio ambiente o daño ambiental grave e irreversible, lo cual reafirma que todas las actuaciones de la entidad han sido apegadas a la ley y son respetuosas del derecho colectivo al goce de un ambiente sano”.
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Al acogerse esta medida cautelar para realizar dicho estudio y suspender las dos autorizaciones concedidas a Metrocali por la CVC, supone una actuación dirigida a obtener una prueba que no fue aportada por quienes presentaron la acción popular, considera Metrocali.
De acuerdo a lo anterior y con el objetivo de que el estudio sea ajustado a lo que quiere el Consejo de Estado, a la normatividad ambiental colombiana y a criterios técnicos de general aceptación, Metrocali decidió presentar una solicitud de aclaración a la Administración de Justicia, “con lo cual se contribuye a precisar la labor técnica de los profesionales que harán el estudio, a la vez que se garantiza la protección de principios constitucionales como el de economía, celeridad y eficacia, pues un estudio sin parámetros claros de desarrollo podría comprometer el objetivo de hacer valer el derecho colectivo al goce de un ambiente sano que requiere de prueba técnica razonable para garantizar que no se está causando un perjuicio irremediable. Del mismo modo, al no ser claro el objeto del estudio el derecho colectivo de los usuarios del transporte público de contar con una terminal de pasajeros a la altura de lo requerido por nuestra ciudad podría ser vulnerado, y además se podrían echar a perder valiosos recursos públicos”, precisó la funcionaria.
Por su parte Nicolás Orejuela Botero, presidente de Metrocali, enfatizó en que la Terminal Sur del MIO es un proyecto que no solo respeta el medio ambiente, sino que busca mejorar las condiciones naturales del sector. “Por eso hemos tenido en cuenta múltiples peticiones de la comunidad del sector de Valle del Lili y de las Comunas 17 y 22, beneficiadas directas con nuestra obra.” dijo Orejuela.
El presidente de Metrocali recordó que esta obra cuenta con todos los permisos para su desarrollo, teniendo el reto de movilizar un total de 100.000 viajes diarios en el sur de Cali y será el punto de partida para desarrollar la infraestructura necesaria y prestar servicio de transporte a los 600.000 nuevos habitantes que tendrá la zona de expansión al sur de la ciudad en los próximos diez años.
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