La Alcaldía de Cali confirmó la liquidación del contrato de semáforos inteligentes, una medida que busca frenar el deterioro de recursos públicos y corregir el rumbo de la movilidad en la ciudad. Esta decisión, sustentada en hallazgos técnicos y jurídicos, marca el cierre de un proceso plagado de errores en su estructuración desde el inicio.
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El contrato, firmado en junio de 2023 durante la administración de Jorge Iván Ospina, contemplaba una implementación en apenas cuatro meses para un sistema de alta complejidad tecnológica. Sin embargo, expertos coinciden en que el objeto del contrato era imposible de cumplir desde su formulación.
Pagos por más del 84 %, pero sin resultados reales
Durante la anterior administración, se desembolsaron más de $37 mil millones a distintos contratistas, divididos en dos lotes de trabajo. A pesar de estos pagos, el sistema nunca funcionó como una red semafórica inteligente. De hecho, las 50 intersecciones intervenidas solo operan como semáforos tradicionales.
Lote 2 – $34.154 millones:
- Pago 1: $13.839 millones (órdenes de compra, fichas técnicas).
- Pago 2: $10.678 millones (revisión técnica, elementos en bodega).
- Pago 3: $7.134 millones (avances de instalación).
- Pago 4: $41 millones (mobiliario, sensores y controladores).
- Lote 1 – $5.055 millones:
- Pago 1: $1.135 millones (hardware, software y licencias).
- Pago 2: $3.329 millones (sistema LISA y controladores).
- Pago 3: $525 millones (adaptación e integración de algoritmos).
Sistema fragmentado e inoperante
Uno de los principales problemas fue que los equipos de diferentes marcas y contratistas no eran compatibles entre sí. Esta falta de conexión entre las controladoras, los sensores y la central de semáforos impidió que el sistema funcionara de forma completa.
Además, no se hicieron pruebas, no se capacitó al personal y la instalación no fue bien planificada. Incluso se instalaron equipos en lugares con poco tráfico, lo que hizo que no mejoraran la movilidad.
Sin interventoría ni capacidades institucionales
Otro punto crítico fue la ausencia de una interventoría especializada desde el inicio del contrato. La Universidad del Valle desistió de asumir esa tarea en septiembre de 2024, tras evidenciar la alta complejidad del proyecto.
Posteriormente, la Contraloría intervino para trazar una hoja de ruta que permitiera proteger los recursos públicos. Sin embargo, la Alcaldía identificó limitaciones institucionales para operar el sistema, pues no cuenta con especialistas en su planta para asumir un proyecto de este nivel.
El alcalde Alejandro Eder aseguró que se hizo todo lo posible por salvar el contrato, pero la mala planeación entre 2020 y 2023 lo convirtió en un proyecto no viable. Señaló que su administración decidió parar el flujo de recursos y evitar más afectaciones a los caleños.
“Este contrato nunca debió haber nacido así. Hoy nuestro compromiso es estructurar una solución real, técnicamente sólida, jurídicamente viable y financieramente responsable para la movilidad segura de la ciudad”, afirmó el mandatario.
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