Con el propósito de modernizar el esquema de precios de los biocombustibles, el Gobierno Nacional presentó un proyecto de resolución que busca modificar la metodología para calcular el Ingreso al Productor (IP) de etanol y biodiésel, ajustándola a los precios internacionales.
Sin embargo, gremios y sindicatos del sector cañero advierten que la medida podría generar graves consecuencias económicas, sociales y ambientales en varias regiones del país.
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Actualmente, el valor del etanol en Colombia se determina a partir de la referencia internacional del azúcar, mientras que el del biodiésel se basa en el precio del aceite crudo de palma. La nueva fórmula propone utilizar el Precio Paridad (PP) de los biocombustibles en mercados como Estados Unidos y Europa, ajustado por costos logísticos y arancelarios.
Según el Ministerio de Minas y Energía, este cambio permitiría alinear los precios con estándares internacionales y reducir la presión sobre el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC).
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“Este Gobierno amplió la mezcla de los biocombustibles, entonces la resolución va en contravía de su plan de desarrollo. Además, el etanol que viene desde EE.UU. es más contaminante porque está hecho a base de maíz”.
Jhonsson Torres, dirigente Nacional de Sintrainagro y miembro Nacional de la CUT.
¿Cuánto cuesta la producción de etanol en Colombia?
No obstante, los sindicatos de la agroindustria de la caña y la palma advierten que esta decisión desconoce las condiciones del mercado nacional.
Aseguran que producir etanol en Colombia cuesta, en promedio, 3 dólares por galón, mientras que en Estados Unidos el costo es de 1,5 dólares, debido a los subsidios y las economías de escala.
“La reducción lo primero que hace es volver no rentable el negocio del etanol en Colombia y en consecuencia se comenzó de despidos masivos. También, al dejarse de producir etanol, se incrementa la producción de azúcar y se perjudican los ingenios pequeños porque se baja el precio”.
Jhonsson Torres, dirigente Nacional de Sintrainagro y miembro Nacional de la CUT.
De acuerdo con los trabajadores, adoptar precios internacionales pondría en riesgo más de 30 mil empleos directos e indirectos, así como la sostenibilidad de las destilerías nacionales. Además, podría afectar la estabilidad de 286 mil puestos de trabajo en el Valle del Cauca, Cauca y Risaralda, e impactar la cadena panelera que sostiene a más de 350 mil familias rurales.
El efecto también alcanzaría a unos 10 mil productores de palma en Santander, así como a cultivadores de Cesar, Meta, Tumaco y otros departamentos con vocación palmera.
A su vez, el sector panelero en 22 departamentos, entre ellos Antioquia, Cundinamarca y Boyacá; se vería afectado por la reducción en la demanda de caña destinada al etanol.
Ante este panorama, los sindicatos solicitaron al Gobierno Nacional reversar el proyecto de resolución o implementar medidas de protección al empleo y la competitividad del sector.
Finalmente, advirtieron que la posible inclusión del IVA a los biocombustibles y el aumento del impuesto al carbono podrían agravar el impacto sobre los hogares y las regiones cañeras del país.
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