Juez del municipio emitió fallo que ordena el desalojo del edificio Columbus, ubicado en la Calle 11 con 9 en el centro de Cali, en un plazo máximo de 30 días, así lo comunicó la encargada del caso, Patricia Corina Rojas, inspectora urbana de la Policía. Los comerciantes propietarios de cinco locales deberán abandonar la edificación que, al parecer, amenaza de ruina.
La funcionaria pública que pretendía realizar los procesos de desalojo el próximo martes 4 de octubre, y no lo logró debido a la solicitud de una prórroga de 30 días, ya había aplicado la medida a un local de la parte baja del edificio el pasado 30 de agosto. Sin embargo, según Otoniel Rojas, abogado de los comerciantes, el procedimiento fue ilegal debido a que el fallo ya había sido anulado.
“Esto es un desacato a una orden judicial, proferida por un juez de tutela en primera instancia, que había dado como nula la querella que impuso el grupo G50 para pretender declarar el inmueble como amenaza de ruina”, aseguró el defensor.
Los comerciantes del sector expresaron la profunda preocupación que les deja el proceso que se adelanta en el edificio, puesto que los locales han sido, durante años, su fuente de ingresos, además añaden que tienen deudas de impuestos y de mercancía adquirida.
“En estos momentos le debo impuestos a la Nación, a los proveedores tengo que responderles por la mercancía que me dejaron y también les debo a mis trabajadores por sus servicios. Si nos desalojan no solo me quitan el local, sino que me dejan inmerso en un mar de deudas”, señaló Nilo González, propietario del negocio Bike Depot.
Asimismo, Raúl Agualimpia Montoya, propietario de un local de ropa ‘La Corona’ que opera desde 1948, relató que: “yo le dediqué a este negocio casi 40 años de mi vida, con esto levanté a mis hijos y construí un hogar. Saber que tengo que desalojar es algo duro, la incertidumbre es mucha; llevo mucho tiempo sin poder dormir esperando este día”.
El grupo empresarial G50, propietario de la infraestructura y del Hotel Aristi, ya había iniciado algunas obras de remodelación, con la pretensión de construir en el sitio un centro comercial. No obstante, el Ministerio de Cultura intervino suspendiéndolas, debido a que no cumplían con los requerimientos que corresponden por ser patrimonio cultural de la capital vallecaucana.
Por lo anterior, los dueños de las edificaciones, el Banco de Occidente e Importadores Mayoristas deberán pagar una sanción de $206.836.200 por cada uno de los dos predios.
Aunque las oficinas del grupo G50 también fueron desalojadas, los planes de construir allí un centro comercial siguen en pié.
Según la representante de los empresarios, Nathalie Rueda Acosta, un centro comercial en este sector reactivaría esta emblemática zona del centro de Cali, “sería un avance muy positivo para la ciudad y en especial para el corazón de Cali”.
Por su parte, los comerciantes opinan que: “lo que ellos quieren es hacerle creer al Municipio que esta edificación amenaza ruina para poder modificarla y construir su centro comercial. Pero en esos planes los principales perjudicados somos nosotros, los comerciantes que llevamos toda una vida aquí, con esto nos están derrumbando nuestro bienestar. No sabemos qué vamos hacer”, dijo Stella Contreras, propietaria del local comercial Singer.
