Luego de que se conociera el balance sobre la criminalidad en Cali, el alcalde Maurice Armitage, anunció la entrega de una hoja de ruta para que las próximas administraciones implementen una estrategia de seguridad orientada a reducir de manera efectiva los homicidios y otros delitos de alto impacto entre el año 2020 y el 2030.
La hoja de ruta fue acogida tras la realización de una auditoría de seguridad por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC, donde se recogieron las inquietudes y opiniones de más de 1.400 personas pertenecientes a las 22 comunas y 15 corregimientos de la ciudad.
El informe final de este diagnóstico fue reconocido como criterio orientador para la formulación de políticas, planes, programas y proyectos en materia de seguridad y convivencia ciudadana, a través del decreto 4112.010.20.0575, firmado por el alcalde de Cali el 19 de septiembre de 2019.
"Este diagnóstico le queda hoy a Cali como conjunto de lineamientos para estructurar sus planes y programas de seguridad durante los próximos 10 años. Este documento público será socializado con el alcalde que resulte electo, en reuniones que contarán con el acompañamiento de la UNODC y algunas de las instituciones vinculadas al proceso, como la Arquidiócesis de Cali", indicó Andrés Villamizar Pachón, secretario de Seguridad de Cali.
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Asimismo, el documento cuenta con un conglomerado de datos que le ahorrarán tiempo y recursos de planeación a las próximas administraciones; y además complementarán la materialización de los proyectos de seguridad incluidos en el Plan de Desarrollo del Gobierno Nacional.
"Este es un ejercicio sin precedentes para la ciudad y para el país, ningún municipio de Colombia cuenta hoy con un examen tan detallado que permita ver cómo el crimen organizado regional y nacional impacta en la seguridad urbana. Estamos haciendo camino para que Cali deje de ser foco receptor de los problemas regionales y empiece a ser epicentro de soluciones para la seguridad del suroccidente colombiano", agregó el Villamizar.
La auditoría de seguridad que tuvo una duración de seis meses, también estuvo apoyada por la Secretaría de Seguridad y Justicia, la Subsecretaría de Territorios de Inclusión y Oportunidades, TIO, y la Vicaría de Reconciliación y Paz de la Arquidiócesis de Cali.
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