En la mañana de este martes, más de 70 indígenas pertenecientes a la comunidad Embera Katío que habita en el sector del barrio El Calvario, realizaron un plantón en frente del Palacio de Justicia de Cali, con el fin de protestar por la mala implementación del proyecto Ciudad Paraíso.
La comunidad, reclama el derecho a la vida, la salud y el bienestar, debido a la falta de un proyecto social de reintegración a sus comunidades o en su defecto, un proceso de socialización con la comunidad caleña.
El proyecto que busca acabar con el sector comprendido por los barrios de Sucre, El Calvario y San Pascual, tiene como finalidad la creación de un centro comercial, oficinas y una Ciudad Justicia, en donde quedará uno de los bunquers de la Fiscalía.
Sin embargo, la mala implementación del mismo y las pocas ofertas económicas realizadas por las Emru, empresa encargada de la construcción de este megaproyecto, no ha podido satisfacer las necesidades de la comunidad.
El proyecto fue suspendido
Un juez de la república ordenó la suspensión inmediata y de caracter prioritario, en primera y segunda instancias, la evacuación de las personas que habitan en el centro de la ciudad donde se piensa construir uno de los proyectos de infraestructura urbana más importantes de la región, la Ciudadela Paraíso.
La medida provisional fue tomada por la acción de tutela presentada por la comunidad Embera que habita en el barrio El Calvario, debido a que se vieron violados sus derechos a la dignidad humana, la salud y la vida, por la inadecuada intervención de la empresa Emru (Empresa Municipal de Renovación Urbana), encargada de la construcción del megaproyecto.
Con esta decisión más de 400 personas de la comunidad Embera Cabildo Calvario I, II y III, permanecerán en la zona mientras que la empresa constructora no diseñe un plan social que vaya acorde con las necesidades de los indígenas o les entregue un digno reacomodamiento en sus comunidades.
"Nosotros no vamos a permitir que hagan con los indígenas, lo mismo que hicieron con las más de 500 personas que habitaban en el espacio donde se construiría la 'Ciudadela Justicia' y que con muy poco dinero se conformaron y nadie sabe qué pasó con ellos. Los indígenas tienen que vivir una vida digna y acorde con lo que ellos significan para la sociedad", afirmó Rodolfo Yanguas, abogado de la comunidad Embera.
La medida busca que la empresa interventora genere un plan que permita reubicar a las personas del sector: indígenas, comerciantes y demás, que habitan en los barrios de San Pascual, Sucre y El Calvario, quienes son población de alta vulnerabilidad, en su gran mayoría, víctima del desplazamiento forzado.
"Esto no es un tema netamente de los indígenas. Aunque la orden de suspensión por parte del juez es en parte tomada por la comunidad, son muchas más las personas las que se ven damnificadas por la mala planeación de la Emru con este proyecto que, sin duda alguna, le traerá un gran beneficio a la ciudad y a la región, pero bien ejecutada", indicó Yanguas.
Para el abogado de la comunidad, el plan social que debe ser ejecutado por parte de la Emru debe estar encaminado a la resocialización de las personas que se encuentran habitando este sector, puesto que en su gran mayoría tienen una vida dependiente de la droga, mientras que otras se dedican a la prostitución o el sicariato.
"Esto es un proyecto que tiene que salir del presupuesto de inversión de la misma Ciudadela. Esto no tiene que salir de otra parte, porque ellos son los directamente responsable de su reubicación y resocialización", finalizó el abogado.
La empresa Emru tendrá dos días, a partir de su notificación, la posibilidad de entregar una respuesta a la acción de tutela, de no hacerlo, serán tomada la medida definitiva.
La compra de los predios: Una historia aparte
Uno de los temas que más ha llamado la atención en las últimas semanas es la compra de los predios a propietarios e inquilenos que habitan en el sector donde se crearía la Ciudadela Paraíso.
La molestía por parte de la comunidad ha sido evidente desde el pasado mes de abril, ya que consideran que el valor que la empresa quiere entregar por la compra de sus bienes no alcanza a cubrir el valor real del predio. Estos valores fueron entregados en avalúos comerciales hechos por la interventora.
Más de 180 locales comerciales y predios fueron presupuestados por la Empresa Municipal de Renovación Urbana.
Uno de los ejemplos más claros de la inconformidad de la comunidad es el ofrecimiento hasta de 120 millones de pesos por predios de 160 metros cuadrados, con un área construida de 300 metros cuadrados. Algo así como $180.000 por metro cuadrado.
"Es algo que tiene que ser revisado con mucha cautela. Eso no está dentro del tema de la suspensión de la evacuación, pero tiene mucho que ver. Lo que la empresa le está ofreciendo a estos habitantes no es nada. Lo que ofrecen aquí, al lado lo están pagando casi 30 veces mejor", indicó Yanguas.
La zona compuesta entre los barrios Sucre, San Pascual y El Calvario, puede llegar a tener entr 2.000 y 2.500 habitantes, los cuales deben ser incluídos en el modelo de proyectos sociales por parte de la Emru, según el documento de la Acción de Tutela.
