En las últimas horas, la Procuraduría General de la Nación ordenó la apertura de una indagación previa en contra de funcionarios de la Alcaldía de Cali, por el presunto cobro irregular a contratistas a los que se les estaría exigiendo hasta el 40 % de sus salarios.
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De acuerdo con el ministerio público, servidores habrían denunciado a medios de comunicación que se les estaría exigiendo las coimas de su salario mensual “para conservar sus puestos, a través de coordinadores de grupos y transferencias digitales que se canalizarían por plataformas como Nequi”.
Además, la Procuraduría señaló que revisará la existencia de una posible red de corrupción “que mezcla intereses políticos y operadores internos de la administración distrital”, a las personas encargadas de recibir y redistribuir el dinero y que habrían amenazado con eventuales inclusiones en una “lista roja”.
“La actuación disciplinaria que inició el Ente de control busca determinar la ocurrencia de la conducta y, en caso de verificarla, definir si los funcionarios actuaron o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad, para lo que decretó la práctica de pruebas”.
Procuraduría General de la Nación.
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¿Cuál fue la respuesta de la Alcaldía de Cali ante los presuntos cobros irregulares?
Ante el anuncio de la Procuraduría, el secretario de Gobierno de Cali, Diego Hau Caicedo, se pronunció con relación a la indagación sobre una denuncia de presuntos cobros a contratistas.
Según el Secretario de Gobierno, desde que se recibieron las denuncias realizadas en redes sociales y en derechos de petición del Concejo de Cali, “se ha respondido de manera profunda, detallada y oportuna con la información que reposa en el departamento de contratación pública”.
Además, añadió que la directora del Departamento de Contratación Pública presentó denuncia ante Fiscalía General de la Nación para que se avance en las investigaciones pertinentes.
De igual forma, el funcionario dio a conocer que se activaron los protocolos internos de la Alcaldía a través del departamento de contratación pública, del departamento de control interno disciplinario y la oficina de transparencia con medidas correctivas y preventivas ante el cuidado de los recursos públicos.
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