La crisis en la actividad judicial en Cali, producto del desplome de un ascensor, preocupa a las autoridades quienes están tomando medidas alternas para continuar con normalidad los procesos legales y jurídicos en la ciudad.
Así, una de las decisiones a implementar es la descentralización de al menos 35 despachos civiles y de familia del Palacio de Justicia con el fin de garantizar el derecho del ciudadano a la justicia, prestar un mejor servicio y mitigar el hacinamiento de los procesos judiciales.
Ante la nueva propuesta, la Gobernadora del Valle Dilian Francisca Toro, anunció que se dispondrán cerca de 600 millones de pesos destinados para cubrir el convenio de arrendamiento de inmuebles, próximos a reubicar, al parecer en la antigua Caja Agraria, en el centro de Cali.
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“Nosotros como Estado debemos colaborar con la justicia” enfatizó la mandataria luego de explicar que en Cali, “hay mucho delincuente que está para vencimiento de términos y su libertad representaría un verdadero riesgo para la comunidad”, dijo Dilian Francisca Toro.
Según funcionarios de la rama judicial, afectados por el cierre del complejo, el deber que ahora concierne al Consejo Superior de la Judicatura es la garantía del edificio a donde se removerán los despachos y la ejecución de las obras en el Palacio de Justicia Pedro Elías Serrano.
Para finalizar, la mandataria aseguró que “lo importante es la colaboración armónica con la justicia para garantizar el derecho del ciudadano respecto al acceso a la justicia”.
Asimismo, enfatizó que los juzgados a reubicar son los civiles y de familia, mientras que los penales continuarán operando en las instalaciones del Palacio de Justicia.
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— Noticiero 90 Minutos (@Noti90Minutos) 6 de septiembre de 2018
