La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó este miércoles medidas urgentes para proteger comunidades étnicas en el suroccidente colombiano.
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Indígenas y afrocolombianos de Cauca y Valle del Cauca viven una crisis de seguridad que amenaza su existencia, denunció el magistrado Raúl Sánchez.
Desde Santander de Quilichao, la JEP documentó testimonios que describen asesinatos, confinamientos, desplazamientos forzados y reclutamiento de menores en zonas rurales.
Los pueblos también alertaron sobre violencia sexual, destrucción cultural y amenazas directas mediante panfletos firmados por grupos armados ilegales.
En la región operan disidencias de las FARC, el ELN y bandas narcotraficantes que se disputan cultivos ilícitos y rutas de tráfico internacional.
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Sánchez explicó que las acciones buscan garantizar seguridad, autonomía y pervivencia de comunidades afro e indígenas frente al deterioro progresivo de sus territorios.
La JEP decretó más de 25 órdenes dirigidas a ministerios y entidades del Gobierno Nacional, con enfoque étnico y participación comunitaria garantizada.
Las medidas se concentran en cuatro áreas claves: seguridad personal, prevención del reclutamiento, protección cultural y garantías integrales de seguridad humana.
Los beneficiarios son más de 180.000 personas de 45 pueblos indígenas, 67 consejos comunitarios y ocho organizaciones sociales del suroccidente colombiano.
“Sin protección efectiva, el conflicto podría borrar culturas enteras que han resistido durante siglos”
Advirtió el magistrado durante rueda de prensa nacional.
La JEP nació del Acuerdo de Paz firmado en 2016. Hoy se reafirma como uno de los últimos escudos legales de los pueblos históricamente olvidados
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