Cerca de 60 personas desplazadas de diferentes departamentos de la región, se tomaron los apartamentos de Altos de Ramalí, en Calimío, protestando por el incumplimiento del gobierno en los subsidios a víctimas de la violencia.
De acuerdo con los manifestantes, el gobierno habría prometido a través de un Pari viviendas para las 25 familias que hacen parte del programa y aún no han obtenido respuesta.
"Estamos cansados de esperar y esperar y que no nos den soluciones. En mi caso llevo siete años esperando a que me entreguen una casa y no ha sido posible. Nadie nos presta atención", indicó María Cortes, desplazada de Iscuandé, Nariño.
Cortes se declaró como víctima de la violencia desde hace ya varios años, después de tener que salir desplazada de su municipio en el 2007 donde se desempeñaba como docente. En aquella época, la guerrilla mató a uno de sus hermanos y hace cuatro años, uno más perdió la vida cuando se encontraba reclamando tierras.
"Esto es muy doloroso. Nosotros no tenemos con qué salir adelante, no hemos podido recuperar nuestras vidas. Yo soy madre de una niña de 9 años y si tenemos casa, no hay trabajo. Nada ha sido igual", precisó Cortes.
Asimismo, Esmeida Mancilla, una de las líderes de la protesta, dijo que por ahora no se moverán de los apartamentos y buscarán una respuesta por parte de gobierno para que den solución a la problemática que están viviendo.
"Somos víctimas de la violencia. No es justo que tengamos que vivier como ellos quieren que nosotros vivamos cuando en nuestras tierras teníamos de todo, no dependiamos de nadie", dijo Mancilla.
Por su parte, María Eugenia Sánchez, responsable de la Unidad de Atención a Vícimas en Cali, dijo que se realizará un censo para determinar quienes están incluídos, quienes no y quienes no han realizado el proceso para tomar decisiones.
"Lo que tenemos que definir es si esto le compete a la región o es algo de país. Por lo que vemos es algo que la nación debe responder y nosotros haremos todos los trámites", puntualizó la funcionaria.
