Un nuevo debate de controversia institucional se desató en la ciudad tras la decisión de parte de la mesa directiva del Concejo de Cali de retroceder el proceso de elección del contralor para el periodo 2026–2029.
La medida adoptada busca subsanar observaciones de la Procuraduría al concurso público. Sin embargo, la decisión generó divisiones dentro del propio cabildo.
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Cabe señalar que la resolución expedida por parte de la mesa directiva del Concejo de Cali ordena retrotraer el proceso de elección de contralor que se adelantó el año pasado y revocar la terna que había resultado de la etapa de evaluación. Según el acto administrativo, la decisión busca atender las observaciones realizadas por la procuraduría.
“Todo lo que tenía que ver con transgresión al principio de publicidad. En segunda instancia, el Tribunal del Valle del Cauca reiteró su posición al no haber publicado el proyecto de borrador en el marco del proceso de elección del contralor (…) no constituía una violación al principio de publicidad. En tanto esa presunta irregularidad estaba deslegitimada en sí misma”.
Daniela Plaza, presidenta del Concejo de Cali.
Además, la presidenta señaló que dentro del Concejo quedaban otros argumentos por revisar. Es preciso señalar que la decisión no fue respaldada por toda la mesa directiva, puesto que la segunda vicepresidenta del Concejo, María del Carmen Londoño, anunció públicamente que se aparta de la medida y advirtió posibles implicaciones jurídicas para la corporación.
“Considero que se está violando la ley al retrotraer todo el proceso de elección de contralor. El CPACA, que es un documento en donde decía que tenía que presentarse previamente, pues ya el Tribunal Contencioso Administrativo en el mes de enero dice que eso no es necesario”.
María del Carmen Londoño, vicepresidenta del Concejo.
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Críticas sobre el proceso de elección del contralor
Desde otros sectores del Consejo también surgieron críticas. Algunos cabildantes consideran que la revocatoria de la terna podría prolongar la incertidumbre sobre quién asumirá el control fiscal de la alcaldía de Eder.
“Es un proceso turbio del año 2025 donde el alcalde no quedó conforme con la terna que salió y todo porque no había ningún candidato en sus preferencias ahí. Y la pregunta que uno se hace es, ¿cuál es el temor a que se fiscalice, a que se mire la gestión que él hace con los recursos de los caleños?”.
Roberto Ortiz, concejal de Cali – Estatuto de oposición.
Entretanto, uno de los aspirantes que hacía parte de la terna revocada pidió claridad sobre el futuro del proceso y garantías para los participantes.
El Consejo no tiene competencia para revocar directamente estos actos administrativos. Tienen que acudir a la jurisdicción contenciosa administrativa. Se pueden corregir, la misma sentencia de la Corte, pueden corregir los actos administrativos, pero sin modificar las actuaciones que no tengan reparos (…) tenemos que hacer valer nuestro derecho y a eso es lo que vamos a acudir de ahora en adelante, a la justicia”.
La decisión mantiene abierta una controversia institucional que podría definir el rumbo del control fiscal de Cali para los próximos cuatro años.
