La reciente agresión contra Gustavo Orozco, secretario de Movilidad de Cali, ha reabierto el debate sobre la manera en que se están desarrollando los controles viales en la ciudad.
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Lo que para la administración es una estrategia de regulación, para muchos ciudadanos se ha convertido en un símbolo de abuso, desconfianza y malestar.
Aunque las autoridades defienden estos operativos como una herramienta para exigir documentación, reducir la accidentalidad y proteger la vida de conductores y peatones, ciudadanos y líderes sociales denuncian una gestión centrada en el castigo y el recaudo, más que en la educación y la prevención.
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Los comparendos aumentan… y también la tensión
Según cifras del Observatorio de Movilidad de Cali, en lo que va del año se ha registrado un incremento del 20% en la imposición de comparendos, en comparación con el 2024.
Esta sigue siendo la principal herramienta de control vial utilizada por la administración para regular el comportamiento en las vías.
“No hay educación, solo sanción”
Yuber Antonio Palacios Palacios, presidente de la Fundación Colombiana de Seguridad Vial, fue enfático al criticar el enfoque de la Secretaría de Movilidad.
“La Secretaría parece enfocada únicamente en el recaudo. No hay una política pública que promueva cambios de hábitos y comportamientos mediante la educación vial”.
Para Palacios, la falta de campañas pedagógicas se suma al mal estado de las vías, lo que genera un entorno hostil e inseguro tanto para agentes como para conductores.
Además, denunció la ausencia de protocolos claros durante los operativos: “No hay señalización adecuada. Los agentes se lanzan a las motos para detener conductores, lo cual pone en riesgo su vida y la de los ciudadanos. Esto genera choques innecesarios y eleva el malestar colectivo”.
También hizo un llamado a mejorar la atención institucional:
“No hay canales eficaces para responder a derechos de petición o quejas. Ni siquiera los trámites funcionan con normalidad”.
“La autoridad no se impone con fuerza”
Rodrigo Salazar, concejal del Partido Verde, expresó su preocupación por la forma en que se están llevando a cabo los controles.
“Advertimos al secretario Orozco que la autoridad no se impone con fuerza. Se construye con legitimidad, y eso se logra con educación”.
Según el cabildante, el enfoque actual está afectando incluso a los mismos agentes de tránsito, al someterlos a una presión constante por resultados numéricos que priorizan la sanción sobre la regulación.
“El guarda de tránsito ya no es visto como un educador vial, sino como un actor represivo. Esto genera reacciones violentas”.
Salazar también cuestionó los procedimientos: “He visto operativos que parecen redadas contra narcotraficantes. Esa forma agresiva de actuar crea una percepción de amenaza que se traduce en violencia”.
Campaña por el respeto y la cultura ciudadana
Desde la presidencia del Concejo de Cali, Edison Lucumí hizo un llamado a la ciudadanía para que respete la norma, pero también pidió a la administración actuar con responsabilidad institucional:
“La norma hay que cumplirla, pero sin abuso. Desde el Concejo lideraremos una campaña para fortalecer la cultura ciudadana”.
Lucumí propone que la educación vial comience desde las escuelas y se extienda a todos los sectores sociales.
“Los controles son necesarios, sí, pero deben estar acompañados de una estrategia pedagógica para que los ciudadanos entiendan su importancia y no reaccionen con violencia”.
¿Qué está fallando?
Estos son algunos de los principales puntos críticos que destacan los expertos y líderes consultados:
- Enfoque sancionatorio: La ciudadanía percibe a los agentes como recaudadores, no como orientadores.
- Falta de pedagogía: No hay campañas permanentes que fomenten el respeto por las normas viales.
- Ausencia de protocolos claros: Los operativos carecen de señalización y planificación, generando caos y confrontaciones.
- Relación rota entre autoridad y ciudadanía: El miedo y la desconfianza predominan sobre el respeto.
Situación actual plantea un desafío importante para la administración local. Líderes sociales y concejales coinciden en que se necesita un equilibrio entre el control y la educación. Los operativos deben mantenerse, pero con un enfoque más humano, preventivo y pedagógico.
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