Por su topografía, la ciudad de Cali es el centro poblado más grande del país ubicado en una zona con riesgo sísmico alto. Por esto, la Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres, adelanta la identificación de ciudadanos o instituciones que cuenten con acelerógrafos.

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Cabe recordar, que estos dispositivos se utilizan para el monitoreo de la respuesta sísmica del suelo y las edificaciones.

A través de la identificación de todos los acelerógrafos que hay en la ciudad, la entidad busca desarrollar estrategias de prevención que permitan reaccionar ante posibles sismos.

“Identificar todos los acelerógrafos que estén ubicados en las edificaciones de mayor o de alta complejidad. Que se encuentran y que por norma deben estar instalados.”

Jocelyn Danna Carrillo, secretaria Gestión del Riesgo de Desastre Cali

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Con estos elementos, se espera incorporar información detallada dentro del sistema de alertas tempranas de la ciudad.

“Los acelerógrafos son instrumentos que registran la aceleración sísmica y la velocidad, el desplazamiento en el suelo. Entonces nos están entregando datos que cuando los empezamos a sumar, inclusive podríamos anticiparnos hasta 30 segundos en un sismo.”

Añadió la secretaria

Por ende, es importante conocer dónde están ubicados estos equipos, debido a que por su topografía, sectores como la avenida Roosevelt y la calle novena, son el punto con mayor riesgo sísmico en Cali

"La Roosevelt, es una zona que es altamente vulnerable y lo sabemos. El sismo del 2004 también lo entrega como resultado. Es una zona que está condesando la mayor cantidad equipamientos y edificaciones en el sector, relacionados con la salud.”

Jocelyn Danna Carrillo, secretaria Gestión del Riesgo de Desastre Cali

Por esto, las autoridades hicieron el llamado para que las personas o instituciones que posean estos elementos lo informen a través de la página web de la Alcaldía. De esta manera podrán contribuir al fortalecimiento de la información sísmica de Cali.

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Siguen aumentando los funcionarios públicos y particulares que son investigados por los presuntos hechos de corrupción en el interior de la Secretaría de Movilidad de Cali.

Por el momento, son ocho personas las que fueron acobijadas con medida de aseguramiento. Sin embargo, tal y como advierten las autoridades, pueden ser más.

Cabe recordar que, en el año 2016, el entonces alcalde de Cali, Maurice Armitage; ya había advertido sobre la red de corrupción que funcionaba en la Secretaría de Movilidad.

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Tres años después, la Fiscalía General de la Nación empezó una investigación interna en Salomia, que incluyó visitas técnicas para realizar una serie de pesquisas forenses cibernéticas; que incluyeron el decomiso de computadores y discos duros.

Además, de un seguimiento especial a algunos funcionarios que se movían entre la sede de Salomia y los locales ubicados cerca de las oficinas de tránsito.

Pero la indagación quedó en firme solo en enero pasado cuando la Secretaría de la Trasparecía de la actual administración; durante la elaboración del llamado libro blanco, encontró una serie inconsistencias entre el recaudado por comparendos y el inusual número de exoneraciones de multas al ciudadano.

“Si comparamos el número de exoneraciones de este año, con el año anterior, en el mismo periodo, vamos a encontrar que hubo un incremento del 150%, lo cual es bastante atípico. Asombra que un número importante de estas exoneraciones no cuenta con soporte documental”.

María Alejandra Pedraza, jefe oficina Asesora de Transparencia.

Esta inusitada baja en el recaudo fue puesto en manos de los investigadores, que iniciaron a recopilar toda la información de años anteriores y que fue puesta en concomiendo de un fiscal que desde Bogotá sigue liderando esta investigación; donde ya son 8 los funcionarios implicados.

“Encontramos que el funcionario que proyectaba la resolución de exoneración, era el mismo que se la aprobaba”.

María Alejandra Pedraza, jefe oficina Asesora de Transparencia.

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Este supuesto entramado de corrupción lo encabezaría Andrés Quimbayo Rojas, quien era el jefe de la oficina de contravenciones y Juan Carlos Peña; quien era líder de inspección de la Secretaría de Movilidad.

¿Quiénes estarían implicados en este presunto caso de corrupción?

También, figuran en este presunto tramado de corrupción: Rubén Darío Martínez, quien fue agente de tránsito hasta el 2010; Jesús Antonio Chica Hincapié y Larry Tobar. Asimismo, haría parte una particular, identificada como Sandra Liliana Castañeda Reyes, quien sería propietaria de  un establecimiento en donde se realizaban trámites de tránsito.

Pero, además, hay tres personas que, presuntamente, estarían implicadas y hoy están prófugos de la justicia. Se trataría de David Jair Becerra, Fabián Steven Silva y Alfredo Solarte García quien fue personero delegado ante esa Secretaría.

“En lo que compete a la Personería, estamos adelantando todas las pesquisas que haya a lugar para determinar los responsables y condenar este tipo de conductas que no pueden seguir siendo relevantes en una administración que responde a principios de ética y de transparencia con los recursos públicos”.  

Gerardo Mendoza, personero de Cali.

Según la investigación, el ‘cartel de exoneración de multas’ sería responsable de la exoneración ilegal de más de 50.000 comparendos por multas; lo que ha generado un grave perjuicio económico a la ciudad.

Hasta el momento, ninguno de los funcionarios capturados ha aceptado los cargos, pero, tendrán que permanecer en un centro carcelario mientras que avanza la investigación.

Los delitos que se les imputó a estas personas son concierto para delinquir agravado, enriquecimiento ilícito y cohecho por dar u ofrecer.

Ahora bien, este último delito implicaría que, quienes pagaron para que les bajen las multas, también estarían involucrados en este ilícito.

Finalmente, aún están pendientes los resultados de las investigaciones correspondientes al periodo 2022-2024.

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