Hace algunos días, durante una audiencia de revocatoria de medida de aseguramiento, una fiscal seccional de Bogotá, lanzó a un juez de control de garantías de Cali la siguiente advertencia, con el ánimo de impedir que el funcionario se detuviera en el examen de las condiciones personales, familiares y sociales de los imputados: “El juez que le pone corazón a la decisiones prevarica”. Todos esperamos en la sala que el juez respondiera a semejante acto de arrogancia de acuerdo con su dignidad, pero en lugar de ello guardo silencio, un tanto perplejo.
Cada vez que un juez de la república dicta un fallo en contra de los intereses de la fiscalía se expone a recibir toda suerte de ataques, amenazas y comentarios irrespetuosos por parte de los voceros del ente acusador. El vice fiscal es el primero que revira cuestionando las decisiones judiciales y anunciando investigaciones penales que él mismo se encarga de promover y dirigir acompañado de su sequito de periodistas.
Esta práctica intimidatoria de la fiscalía ha resultado exitosa. Hoy muchos jueces de garantías se muestran acobardados y prefieren ponerse del lado de la fiscalía antes que verse sometidos a una humillante investigación penal por desobedecer “las peticiones” de los acusicas estatales.
En nuestro país la Rama Judicial ha dado una dura batalla para lograr que los jueces cuenten con una protección especial que les permita administrar justicia de manera independiente y autónoma, respondiendo únicamente a los postulados de la Constitución y de la ley. Esta conquista democrática se encuentra en grave riesgo debido al uso perverso que la fiscalía viene haciendo de la facultad de investigar y acusar a los jueces. En efecto, a través de esta potestad la fiscalía ha pretendido solapadamente someter a los jueces y convertirlos en un apéndice del régimen de la acusación penal.
En Colombia parece que olvidamos que quienes están frente a los jueces son las partes, incluyendo a la fiscalía y que lo único que identifica a fiscales y jueces es que son servidores públicos, en los demás no puede decirse que están del mismo lado, ni siquiera para afirmar que ambos persiguen la justicia, puesto que tras de ella acuden igualmente la defensa, las víctimas y el Ministerio Público.
La fiscal de marras, al igual que muchos de sus colegas, acogió la táctica de intimidar a los jueces a la vez que recita unas cuantas formulas aprendidas de memoria y predica un derecho deshumanizado y cruel. Es consciente que la imagen de mujer de hierro es el camino hacia el éxito en la fiscalía. Por su probada dureza tal vez reciba un ascenso y la embajada norteamericana le renueve sin problemas la codiciada visa.
Los jueces no pueden someterse al poder de la fiscalía y convertirse en una simple caja de resonancia de los fiscales. Mientras se producen las reformas que permitan que sea otro órgano de justicia el que los investigue y juzgue, (papel que podría cumplir el recientemente creado Tribunal de Aforados) los jueces deben asumir un mayor compromiso con la justicia, a sabiendas de que juzgan a seres humanos, que como ellos disfrutan de su corto paso por esta vida, sufren, aman, sienten miedo, guardan esperanzas y cometen errores.
Al cubrir su cuerpo con la toga el juez sabe que luce el uniforme de la justicia y que por lo tanto las partes y el público quedan obligados a tratarlo con ceremonioso respeto. Pero ese acto especial de recogimiento no es suficiente para afirmar los cimientos sobre los que debe levantarse el edificio de la democracia. Tampoco basta la erudición del juez para que sus providencias sean justas.
La simple ceremonia puede quedar convertida en una ópera bufa si el togado no asume que su grandeza estriba en reconocer primero su pequeñez como ser humano. Y sus conocimientos de nada le sirven sino les pone corazón. La providencias de los jueces deben responder a los dictados de la ley, sin que por ello dejen de expresar compasión, solidaridad y respeto por aquel cuya libertad en esta en sus manos.
La fiscalía perdió el camino de la justicia por cuenta de funcionarios ebrios de poder que empujan al país a las tinieblas de la incivilidad. Le corresponde a la judicatura mantener el derrotero a través de las decisiones de sus jueces, imparciales y provistas de humanidad. Que los fiscales se queden predicando en el desierto sus teorías carentes de corazón, para que el inclemente sol y las alimañas den buena cuenta de ellas.