Miércoles, Junio 20 2018

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Álvaro Uribe, “él” dios que nos inventamos

Allí es vulnerable porque esta sometido a reglas difusas y laxas que permiten ataques directos, acusaciones encriptadas, insinuaciones procaces, burlas demoledoras y opiniones basadas en la simple creencia verdadera.

Álvaro Uribe, “él” dios que nos inventamos
Crédito de foto: David Vega especial para 90minutos.co

En el afán de vencer a la guerrilla de las Farc,  la mayoría de los votantes  colombianos otorgaron a ÁLVARO URIBE VÉLEZ un apoyo irrestricto. Ningún presidente había tenido tanta capacidad de maniobra, en lo que respecta al manejo del orden público, ni había destinado tanto presupuesto a las fuerzas armadas, lo que  nos convirtió  en uno de los países mejor armados de la región.

Durante la era Uribe la guerrilla sufrió los más duros golpes y tuvo que abandonar la toma de poblaciones para volver a la guerra de guerrillas y a los atentados terroristas en los centros urbanos.

Uribe diezmó y debilitó  la envejecida y anacrónica  guerrilla de las Farc obligándola a tomar en serio la posibilidad de abandonar las armas, como en efecto ocurrió durante el segundo mandato de Santos.

La inseguridad no es culpa de los jueces

La gratitud hacia URIBE es enorme y lleva implícita una especie de perdón anticipado por los excesos en que pudo haber incurrido en la defensa del patrimonio y la vida de los colombianos. Por eso ofende a sus seguidores cualquier cuestionamiento que se le haga:  “nunca hemos tenido ni tendremos un hombre como Uribe”, “es nuestro salvador” “nuestro mesías”, “lo adoramos”.

Uribe también es, por desgracia, el expresidente señalado de la mayor cantidad de violaciones al Estado de Derecho: violaciones al DIH, violaciones a los Derechos Humanos, violaciones al código penal, violaciones a la autonomía e independencia de los jueces, violaciones a la libertad de prensa, violaciones a los derechos de la oposición, violación a…; sin embargo,  jamás ha puesto un pie en un tribunal de justicia  en calidad de reo y tal vez no lo hará, mientras magistrados, jueces, investigadores y fiscales consideren que es un suicidio llamarlo a cuentas.

La victoria de Uribe sobre el Estado de Derecho y la justicia colombiana es innegable. Desde el Olimpo que le construyeron los colombianos, en medio del desespero de la guerra, se burla de sus jueces y pisotea a las víctimas, en tanto exige que lo aclamen sin cesar y lo defiendan si es preciso a sangre y fuego.

En las próximas semanas saldrá al mercado el libro Aquí no hay muertos: una historia de asesinato y negación en Colombia escrito por la abogada e investigadora Maria McFarland. De acuerdo con Daniel Coronell, “el libro arroja luces sobre varios crímenes sin resolver” (Semana), varios de ellos atribuidos a ÁLVARO URIBE, como es el caso del supuesto homicidio de su exsecretario de gobierno, PEDRO JUAN MORENO, quien falleció en un confuso accidente de helicóptero, justo cuando estaba haciendo graves denuncias y develando secretos en contra URIBE.

A URIBE le bastará decir que es un “refrito”, “una persecución con fines electorales”, para que sus discípulos vayan por el mundo predicando la misma cantaleta y el asunto termine olvidado al poco tiempo.

La periodista será señalada como una escribana del comunismo internacional y una agente oficiosa del Castrochavismo.

Los seguidores de Uribe alegan que nadie ha podido probar una sola de las acusaciones que le han lanzado, y tienen razón. Pero esto no se debe a la falta de pruebas sino al simple hecho de que ninguna de las casi 300 investigaciones en su contra ha tenido un curso normal. Todas, nutridas con abundantes pruebas,  reposan en los anaqueles de la Comisión de Acusaciones o en la fiscalía,  bajo el siguiente rótulo: “para prescripción”.

Los defensores de la legalidad  tienen razón cuando sostienen que mientras no haya sido oído y vencido en juicio debe ser considerado una persona inocente, también cuando arguyen que el debido proceso y la presunción de inocencia  es  un principio que cobija a todas las personas, pero olvidan que estamos hablando de un pequeño Dios y que su Olimpo no hay reglas, salvo las que “ÉL” mismo establezca para que otros las cumplan.

Por eso pretender combatirlo con las normas del Estado de Derecho es una ingenuidad, una tontería propia de abogados y de periodistas que aman los incisos del código de procedimiento penal, más que la verdad.

“ÉL” destruyó la confianza en la justicia, al demostrar que ni las más altas Cortes ni la Fiscalía General de la Nación tienen el poder suficiente para ponerlo en el banquillo de los acusados y enseñó a muchos colombianos que es legítimo pisotear la constitución y le ley, burlarse de las autoridades y hacer justicia por mano propia.

El silencio de los inocentes

El único tribunal que “ÉL” no puede controlar a su antojo es el de la opinión pública. Ese Ágora multiforme y veloz,  a veces siniestro y nauseabundo, donde hoy se juzga por igual a justos y pecadores. Allí es vulnerable porque está sometido a reglas difusas y laxas que permiten ataques directos, acusaciones encriptadas, insinuaciones procaces, burlas demoledoras y opiniones basadas en la simple creencia verdadera.

“ÉL” tal vez muera de viejo en su huerto, jugando a espantar a alguno de sus nietos con una cascara de naranja cubriéndole los dientes,  sin que pueda saberse si fue la persona más calumniada e injustamente perseguida en la historia del país o si se trató de un hombre que abusó del poder convirtiéndose en un criminal.  O quizá, la justicia internacional actúe y presione su juzgamiento en Colombia o lo llame al banquillo en la Haya.

Cualquiera sea el desenlace, “ÉL” tendrá que seguir despertando cada mañana con certeza de que muchas personas, en muchos lugares, estarán exigiendo que pague por su crímenes y que no podrá evitar que sus voces sean cada vez más audibles.

La opinión de los blogueros no refleja el pensamiento editorial de 90minutos.co

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Acerca del Autor

Elmer Montaña

Caleño, padre de familia, abogado santiaguino especialista en D.I.H y cultura de paz, derecho administrativo.Ex fiscal, profesor universitario, asesor y consultor, defensor de derechos humanos y director ejecutivo de la Fundación Defensa de Inocentes.

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