Domingo, Diciembre 16 2018

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Alerta por excarcelación de reclusos por vencimiento de términos desde el 1 de julio

El 1 de julio, más de 12.000 internos,  a quienes no se les ha resuelto su situación jurídica, podrán recuperar su libertad

El 1 de julio, más de 12.000 internos, en los que se encuentran ladrones, atracadores, sicarios, integrantes de bandas criminales y hasta funcionarios inmiscuidos en delitos de corrupción, a quienes no se les ha resuelto su situación jurídica, podrán recuperar su libertad. Esto, porque según una nueva ley, tienen derecho a reclamar su excarcelación después de cumplir un año tras las rejas.

Así lo anunció el fiscal general de la nación, Néstor Humberto Martínez en el Congreso Internacional de política penitenciaria y carcelaria, quien también confirmó que los casos de inasistencia alimentaria, daño en bien ajeno, cheques sin fondo y entre otros, podrían ser despenalizados; no obstante, desde la Fiscalía también se menciona que existen algunos delitos considerados graves, que no serían cobijados con esta norma. Por ejemplo los delitos de competencia de la justicia especializada, el genocidio, la desaparición forzada o el secuestro.

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La alerta ante esta nueva ley la dio Humberto Martínez al considerarla como un camino equivocado para la excarcelación masiva de los delincuentes “que van a terminar agobiando al ciudadano de a pie.”

Por esta razón, Martínez indicó que el próximo 20 de julio se presentará un proyecto de ley consensuado entre la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Superior de la Judicatura, el Ministerio de Justicia, la Procuraduría y la Fiscalía, que busca hacer más racional la persecución penal en el país.

“El déficit de justicia en otras jurisdicciones se ha trasladado a la justicia penal. Si a usted no le pagan un cheque, no lo vaya a cobrar a la justicia (civil), váyase a la Fiscalía. Si a usted no le cumplen una obligación alimentaria, no cobre en la jurisdicción de familia esa prestación de naturaleza civil, váyase a la Fiscalía”, cuestionó el Fiscal.

Martínez dijo que el 15 % de la actividad de investigación de la Fiscalía se dedica a temas que el Estado y la sociedad deben revaluar para determinar si se trata o no de delitos y que este proceso normalmente no tarda sólo un año. “Estamos en una sociedad que ha tomado por deporte construir en todos los periodos legislativos más y más tipos penales. Tenemos más de 400 tipos penales. Terminamos por criminalizar el orden regulador de la vida en convivencia. Entonces todo es delito, delito a la lata”, sostuvo.

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Hacinamiento en cárceles

“Cómo puede ser posible que se disponga, sin atender a la realidad procesal del país, que las medidas de aseguramiento no pueden tener más de un año. Es una política, en mi sentir, equivocada”, hizo hincapié  el jefe del ente acusador, opinión a la que algunos abogados del país se suman.

“Normalmente el policía retiene a cualquier persona que aparentemente ha cometido un delito, lo presenta ante la Fiscalía, el juez de control de garantías si considera que hay alguna cosa que le llamó la atención, inmediatamente envía a la persona a un hacinamiento en cualquier estación de policía y sino, termina en una cárcel donde también hay un amontonamiento grande de personas”, objetó Simón Grueso, abogado penalista.

El presidente Juan Manuel Santos también ha señalado que en materia de política penitenciaria y carcelaria deben haber cárceles dignas y modernas: “se debe construir una política criminal seria que se traduzca en una política adecuada. No se trata sólo de promover penas de carácter intramural, sino garantizar la resocialización”. 

Santos también ha anunciado que se aportarán recursos por cerca de un billón de pesos para mejorar las condiciones del sector carcelario y penitenciario del país.

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Crisis en procesos penales

Mientras el argumento del Fiscal es que “las audiencias de juzgamiento no se hacen en un año”, a la fecha cerca de 112.000 audiencias están represadas por cuenta de la falta de alternativas del sistema judicial.

Según el funcionario, el número de jueces desde 1994 hasta hoy, 23 años después,  es prácticamente el mismo.

Lo cierto es que, según el exministro Yesid Reyes, promotor de la ley, aquellos que están próximos a recuperar su libertad, serán señalados de incurrir en delitos catalogados como leves; en los que se encuentra el hurto, el microtráfico, el maltrato, la injuria, la estafa, la usurpación, entre otros.

Y es que aunque la posición de quienes son impulsores de esta ley es optimista, también son conscientes de que la demora en la justicia penal obedece a la falta de personal en los despachos y la distribución de deberes en la Fiscalía.

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Por lo pronto, La ley que empezará a regir a partir del 1 de julio y ha sido creada con el objetivo de evitar que inocentes paguen días y hasta años de cárcel. Además, por cuenta de privaciones injustificadas de la libertad, el Gobierno Nacional ha tenido que enfrentar demandas que están por los 45 mil millones de pesos.

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