Además de retrasos y dificultades en las obras del megaproyecto Jarillón de Cali, la Contraloría General de la Nación cuestionó, de acuerdo con el Informe de Especial Seguimiento realizado en octubre del 2016, que el manejo presupuestal que se le ha dado a las labores está incrementando los riesgos de provocar sobrecostos.
El Informe explica que “las cifras y porcentajes que muestra el Fondo Adaptación pueden interpretarse como caóticas y requieren en detalle una explicación amplia por parte de los entes ejecutores y contratistas encargados de sus avances, de acuerdo con las metas programadas”.
Con más detalle, sostiene que “si se tiene en cuenta que el impacto y alcance del proyecto en general va hasta el 2019 y que la asignación interna presupuestal actual para este proyecto es de 703.885 millones de pesos como compromiso del Fondo, se puede decir que el proyecto sigue extendido en términos financieros en un aproximado de un 60 por ciento, lo que pone a este megaproyecto en riesgo de generar sobrecostos para poder ejecutar la totalidad del mismo”.
Sin embargo, señala que es más preocupante que a pesar de las tragedias ocasionadas por la ola invernal hace cinco años y el incremento poblacional en la zona de riesgo, no haya habido respuesta para los damnificados, ni tampoco una solución provisional o definitiva.
De hecho, en diciembre la Contraloría ya había advertido que el riesgo de inundación era inminente. Por otro lado, estimaba en 7852 las familias asentadas en el sector y las cuales necesitaban se reubicadas de “manera prioritaria para evitar una tragedia”.
El documento también denuncia unas presuntas irregularidades en las obras: “Los porcentajes de avances por cada componente, desde 2012 hasta 2016 no son coherentes con los porcentajes de avances de los contratos celebrados, reflejándose cifras engañosas, por cuanto se puede interpretar que se hacen necesarias nuevas contrataciones para terminar las obras que se requieren para culminar la totalidad del Megaproyecto”.
“Resulta incomprensible el estado de contratos como ‘terminados’ y que al mismo tiempo aparezcan en ejecución con porcentajes de avances irrisorios”, indicó la entidad.
Asimismo, la Contraloría encontró otro punto que prende las alarmas en el proyecto: “Se observa rezago y retraso en los contratos cuyos objetos impactan directamente en el avance del proyecto, en tanto que los contratos relacionados con prestaciones de servicios y consultorías al parecer se desarrollan en términos razonables”.
